Contexto general

En enero de 2020 se supieron los primeros casos de contagio por un virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19) en China, que se propagó de inmediato al resto del mundo hasta declararse una pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante esto, los gobiernos comenzaron a implementar medidas para frenar la propagación que implicaron el cierre parcial de sus economías.

Estas medidas tuvieron efectos negativos como la desaceleración de las economías, la caída en las inversiones, la contracción de la demanda y oferta, problemas en las cadenas globales de suministro, la disminución de ingresos en los hogares, así como severas afectaciones en el combate a la pobreza y la reducción de las desigualdades.

La extensión de la pandemia se convirtió en una crisis sanitaria, económica y social, exacerbada en países que ya enfrentaban un contexto complejo, como en México y el resto de América Latina y el Caribe (ALyC), donde impactó en un momento de debilidad económica y vulnerabilidad macroeconómica. Condiciones a las que hay que sumar la crisis medioambiental que ya se había declarado emergencia climática.

La pandemia obligó a los gobiernos a redefinir sus planes y asignar recursos para responder y mitigar sus efectos. En materia fiscal, las economías desarrolladas movilizaron 6.3 billones de dólares para gasto y alivio tributario y 5.2 billones de dólares en instrumentos de liquidez, inversión equivalente al 12.7 por ciento y 11.3 por ciento del PIB en promedio, respectivamente.

En contraste, en economías como las de ALyC, la respuesta fiscal en las economías emergentes alcanzó un rango del 4 por ciento del PIB en gastos adicionales y alivio tributario.

En estos contextos las economías desarrolladas pudieron proyectar un crecimiento del 5.5 por ciento para 2021 y del 4.2 por ciento en 2022, mientras que para las economías de ALyC se esperan tasas del 5.9 por ciento y del 2.9 por ciento, respectivamente. Estimaciones más recientes al momento de escribir esta información ubican el crecimiento con tasas aún más bajas incluso llegando a 2.5 por ciento en el caso de México, cifras que no lograrán recuperar la caída en el PIB en el año 2020.

Contexto nacional

En México el paciente cero fue confirmado el 28 de febrero de 2020. Para el 23 de marzo se había declarado la fase 2 de dispersión comunitaria de la contingencia por COVID-19. La fase 3 de respuesta ante el COVID-19 inició el 21 de abril, con lo que se decretó abruptamente el paro temporal de actividades no esenciales, el cierre de espacios públicos como parques, bares y playas, y la limitación de la movilidad.

La reapertura gradual de las actividades comenzó a partir de junio del mismo año, sin embargo, los impactos negativos, agudizados por una economía ya golpeada, se percibieron en distintos ámbitos como la contracción de la oferta y la demanda, pérdida de empleos y disminución de ingresos para empresas y hogares, entre otros. La pérdida de empleos, por ejemplo, sumó entre marzo y abril 10.4 millones del sector informal y 2.1 millones del formal, recuperados en un 81 por ciento aproximadamente al cierre de 2020.

Para enfrentar los estragos de esta crisis, el gobierno de México llevó a cabo, además del plan de vacunación, acciones para enfrentar la pandemia como la aprobación del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias con 180.7 millones de pesos, equivalentes al 0.7 por ciento del PIB – fondo del que no se supo más al ser turnado al Senado – microcréditos a empresas, la negociación del aumento en más del 34 por ciento del poder adquisitivo del salario, entre otras igualmente paliativas, pero insuficientes.

El municipio al ser la unidad territorial, política y administrativa básica, encargada de garantizar los servicios básicos a la población, de gestionar los espacios públicos y de materializar objetivos y metas federales y estatales a acciones locales, y con la mejor perspectiva y entendimiento de las necesidades locales por su proximidad a la población, es imprescindible en la tarea de recuperación económica.

Plan de recuperación

Si bien la pandemia representa grandes desafíos en la esfera municipal, se puede ser creativo en el diseño de soluciones para el retorno a una nueva normalidad para alcanzar, por ejemplo, municipios sostenibles y ciudades verdes, sustentados en un marco de desarrollo socioeconómico y medioambiental que adopte y abone en las agendas globales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A2030), el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)[1], el Reglamento Sanitario Internacional (RIS)[2], el Marco de Salud en Todas las Políticas (MSTP)[3] y la Nueva Agenda Urbana (NAU)[4].

Las ciudades verdes son un concepto que busca el desarrollo de urbes más sostenibles y resilientes, con la capacidad para ofertar acceso a alimentos sanos y garantizar una vida mejor para toda la sociedad. Con base en lo anterior, y considerando el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) que recomienda una reconstrucción con desarrollo sostenible para salir de esta crisis, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) identificó cinco ejes temáticos relacionados con la respuesta a la pandemia y alcanzar una recuperación resiliente desde el ámbito local:

• Desarrollo urbano y vivienda
• Gobernanza territorial; movilidad sustentable, sana y segura
• Espacio público y comunidad
• Acceso a la infraestructura urbana, equipamiento y servicios básicos
• Género y territorio

Estos ejes evidencian una vinculación con el Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 Salud y Bienestar, el ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico y el ODS 11 Ciudades Seguras, Inclusivas, Resilientes y Sostenibles. La articulación de las respuestas a la pandemia vinculadas al cumplimiento de los ODS se puede apreciar en el siguiente esquema.

Con base en lo anterior, ONU-Hábitat propone la elaboración de un Plan de Recuperación Socioeconómica Municipal (PRESEM) bajo el siguiente esquema de 6 pasos.

El PRESEM sugiere el establecimiento de una plataforma operativa y de gobernanza que permita diseñar, ejecutar, gestionar, monitorear y evaluar el plan, así como la coordinación al interior de la administración y de ésta con otras instituciones. Para ello se propone la consolidación de los diferentes equipos con sus respectivas funciones, para planear, ejecutar y monitorear el establecimiento del PRESEM.

Ejemplos de financiamientos disponibles son los siguientes:

Fondo Canadá para Iniciativas Locales: es un programa diseñado para apoyar proyectos a pequeña escala con gran impacto, que estén alineados con las prioridades temáticas del Departamento de Asuntos Globales de Canadá. El programa está dirigido a proyectos concebidos y diseñados principalmente por socios locales. Los proyectos son seleccionados y aprobados por la Embajada de Canadá en México. Todos los proyectos deben estar alineados con al menos una de las siguientes prioridades temáticas: a) equidad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres y b) Gobernanza inclusiva.

Convocatoria de proyectos 2021 para el apoyo a la Cooperación Descentralizada Francia-México: tiene como propósito dar continuidad a los proyectos conjuntos implementados en convocatorias anteriores, así como generar nuevas iniciativas de cooperación entre gobiernos locales de ambos países. Los proyectos podrían inscribirse dentro de las siguientes prioridades: salud, desarrollo económico local y regional, innovación y promoción territorial, integración y cohesión social, fortalecimiento de las capacidades administrativas y de planificación de las autoridades locales y desarrollo rural y urbano sustentable, medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

Fuentes y mecanismos de financiamiento

Los municipios pueden considerar tres fuentes de financiamiento para la implementación del PRESEM: recursos propios, recursos provenientes del Gobierno Estatal y del Gobierno Federal y apoyos extraordinarios.

La fuente propia podría sin duda gestionarse y redirigirse según las necesidades, sin embargo, mantiene complejidades derivadas de restricciones legales para la reasignación de partidas, además de que la mayoría de los municipios no suelen captar montos importantes de recursos.

Por otro lado, tenemos los recursos gubernamentales etiquetados para cumplir con diferentes objetivos, como aquellos dispuestos en fondos de contingencia, fondos revolventes con aportaciones peso a peso por parte de los tres niveles de gobierno.

Como tercera fuente tenemos los apoyos extraordinarios, los cuales podrían apalancar en gran medida el PRESEM dependiendo de la capacidad del gobierno municipal para captar estos recursos. Los apoyos extraordinarios pueden presentarse como asistencia técnica, donación en especie, financiación reembolsable y no reembolsable, alianzas público-privadas y otras fuentes privadas de financiación. Ésta puede representar una ventaja en la solicitud de recursos la cooperación internacional, el sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre otros.

En este contexto existen diversas fuentes de financiamiento nacionales impulsadas en su mayoría por fondos internacionales o iniciativas fuera de México para apoyo en el desarrollo de proyectos y ciudades verdes.

Se tienen recursos en la banca de desarrollo como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomext), Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) y en representaciones del Banco Mundial, por mencionar algunas.

Si bien el apoyo del gobierno mexicano para la recuperación económica y a ciudades verdes resilientes no fue el requerido o necesario, existe una gran cantidad de recursos de otras fuentes que están disponibles para ejecutarse en proyectos que coincidan con los objetivos estratégicos de dichos fondeadores.

En nuestra experiencia como asesores de MIPYMES y emprendedores, la mayoría de las veces nos encontramos con grandes proyectos / empresas que no plasman de manera convincente o atractiva el gran potencial de sus propuestas y que no logran convencer a los fondos de capital (en este caso) de que las ideas o temas hacen buen “fit” con ellos.

El gran problema por resolver radica en la estructuración adecuada de proyectos lo cual, afortunadamente ya está atendido por los dueños de los recursos financieros y han emitido guías de estructuración de proyectos. Ejemplos de esto son: La Guía Metodológica de Recuperación Socioeconómica Municipal en contexto de COVID-19; la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat; la iniciativa FELICITY del Banco de Inversión Europea con GIZ que ofrece “El ABC para La Preparación de Proyectos de Inversión Exitosa”, entre otros.

Incluso el Green Climate Fund, el fondo más grande para impulso a inversiones sustentables establece guías y directrices para que las entidades acreditadas por éste puedan someter proyectos para su financiamiento.

La necesidad existe desde los años 90 e incluso antes; no ha dejado de ser urgente la atención del tema del cambio climático y sus consecuencias si la temperatura del planeta se incrementa más de 2°C y cada vez se vuelve más relevante, cada vez hay más conciencia mundial y cada vez se destinan más recursos para la lucha en favor del planeta.

Si bien la pandemia ayudó un poco a “limpiar el planeta”, su impacto económico nos urge a actuar de inmediato y aprovechar la coyuntura para hacerlo de manera sostenible, impulsando proyectos “verdes”. El punto clave está en estructurar esos proyectos verdes de manera adecuada, entender los indicadores de impacto relevantes, investigar el fondo o el financiador que mejor encaja con el proyecto para su puesta en marcha.

La estructuración de proyectos es la clave, no el dinero disponible, porque hay mucho y muchos financiadores dispuestos a poner su grano de arena, solo se requiere hacerlo bien y por los canales adecuados, incluso la rapidez de la implementación de esos proyectos tiene que ver con la estructuración integral de los mismos y mientras más rápido se entregue todo bien, más rápido se estará implementando y logrando los impactos esperados.

*GreenMomentum es una consultora con amplia experiencia en gestión y financiamiento de negocios y emprendimientos con enfoque medioambiental.

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Notas

[1] Acuerdo que ofrece a los Estados miembros un conjunto de acciones concretas para proteger los beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastre. Va de la mano con otros acuerdos de la Agenda 2030. Más información en: https://bit.ly/31T3JZI

[2] Instrumento legalmente vinculante que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas. Más información en: https://bit.ly/3pH5UI4

[3] Es un enfoque de salud pública que toma en cuenta, de manera sistemática, las implicaciones de las decisiones sobre la salud, busca sinergias, y evita impactos negativos sobre la salud, con el objetivo de mejorar la salud de la población y la equidad en salud. Más información en: https://bit.ly/3DIDCC5

[4] Guía global que ofrece definiciones claras y aplicaciones prácticas sobre los principios de desarrollo urbano sostenible. Más información en: https://bit.ly/31Gx8XD

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Referencias

CEPAL (2021). “Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3s6Yotd

Secretaria de Hacienda (2021). Impacto de la pandemia COVID-19 en el mercado laboral mexicano y en el SAR. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3DFUglK

Banco de México (2021). “La Tasa de Participación Laboral ante el Choque de COVID 19”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3Gy4y9I

INEGI (2021). “Producto Interno Bruto de México durante el cuarto trimestre de 2020”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3lPYsJL

INEGI (2020). “El INEGI presenta resultados de la segunda edición del ECOVID-IE y del estudio sobre la demografía de los negocios 2020”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3rSqJ63  

Secretaria de Trabajo y Previsión Social (2020). “Exitosa estrategia de reactivación económica y recuperación del empleo en México”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3lT8wS6   

CEPAL (2020). “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020: principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/3oBe7ON

CEPAL (2020). “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/33hNtSX

FAO (2020). “Llamamiento a la acción. Ciudades Verdes para reconstruir mejor en aras de los ODS – Un nuevo e importante proyecto”. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/33qLETX

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La gran concentración de población en las ciudades demanda grandes cantidades de productos y servicios para satisfacer las necesidades y estilo de vida de la población. Esto representa un interés primordial de las autoridades estatales y municipales para gestionar las condiciones de operación y asegurar la movilidad sustentable del transporte de carga, siendo parte de la planeación del sistema urbano y la política de gestión de la calidad del aire.

En ese sentido, la alta tasa de motorización y la mala calidad del aire en Jalisco representa una problemática ambiental y de salud pública para la población, dadas las elevadas emisiones de gases contaminantes provenientes de los vehículos que representan el 43 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en total [1]. Hasta 2021, se tenían registrados 4.5 millones de vehículos con una antigüedad promedio de 20 años, siendo las pick-up, las SUV y camiones ligeros las categorías con más unidades circulando, además de los vehículos ligeros y motocicletas [2].

Ante esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del estado de Jalisco y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, a través del Programa Transporte Sustentable, colaboran para realizar una campaña de medición de emisiones a través de sensores remotos de la flota vehicular de carga ligera y pesada que circulan en la entidad.

La tecnología de sensor remoto permite la valoración de emisiones contaminantes de un gran número de vehículos en condiciones reales de operación mientras circulan sobre una vialidad, así como la identificación de los vehículos que son considerados altos emisores. A través de un dispositivo que detecta las emisiones vehiculares cuando un vehículo circula e interrumpe el haz de luz proyectado por el sistema a lo ancho de una vialidad, el sensor remoto determina las concentraciones del escape de HC, CO, dióxido de carbono (CO2), NO y de humo.

Para llevar a cabo esta campaña, la SEMADET en conjunto con el Centro Mario Molina (CMM) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) seleccionaron puntos de muestreo con mayor circulación de vehículos de carga en carretera de municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La campaña se realizará del 24 de enero al 4 de febrero de 2022.

La información obtenida en la campaña permitirá tener bases para la toma de decisiones de las autoridades en la gestión de la movilidad de mercancías en Jalisco. Además, apoyará el fortalecimiento del programa existente de verificación vehicular en la entidad y ayudará a promover medidas de mantenimiento preventivo, renovación del parque vehicular y la chatarrización, entre otras. De esta manera, se prevé mejorar la calidad del aire a través del monitoreo y control de las emisiones vehiculares contaminantes.

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Referencias

[1] Inventario de Emisiones de Gases y Compuestos efecto invernadero de Jalisco 2017. SEMADET.

[2] Base de datos de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado de Jalisco, 2021. Diagnóstico y análisis de la situación actual de la flota vehicular de Jalisco 2021 para Piloto Medición Sensor Remoto, elaborado por el CMM.

El 30 de noviembre de 2021, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, a través del proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim), realizó un taller virtual con los institutos de planeación y direcciones de medio ambiente municipales de las contrapartes con las que colabora actualmente. El objetivo del taller fue intercambiar experiencias sobre el proceso de elaboración de normas técnicas y/o reglamento relacionado con la infraestructura verde.

Con más de 40 asistentes, participaron representantes de las ciudades de León, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, San Luis Potosí y Torreón, quienes compartieron sus procesos e ideas, y a manera de pares similares estuvieron representantes de Boca del Río, Hermosillo y Los Cabos.

Primero, los representantes de las ciudades presentaron un estado de avance del proceso conforme al diagrama tipo de la hoja de ruta para procesos de infraestructura verde, teniendo un rango que varía del 36 por ciento al 54 por ciento. Después, compartieron su definición de infraestructura verde, donde destacaron conceptos en común: la provisión de servicios ecosistémicos a la población, que se trata de un sistema complejo y que implica áreas naturales y áreas verdes con múltiples funciones.

Además, cada ciudad hizo la relación de objetivos que pretenden alcanzar con esta norma técnica, donde destacaron los siguientes:

• Consolidar los instrumentos de política pública en materia de biodiversidad que ya existen, pero que necesitan ser transversales en todos los sectores, tanto en lo público como en lo privado.
• Establecer conceptos y lineamientos básicos para el diseño de infraestructura natural.
• Definición de mecanismos de implementación de un “Banco de proyectos”.

Asimismo, para todos fue importante la instrumentación para el financiamiento, con la diferencia del uso de diferentes herramientas, como mecanismos de compensación, uso de fondos ambientales, etc.

Durante el taller se hizo evidente cómo el diseño y alcance de objetivos para la norma técnica de infraestructura verde está en función de las características de cada ciudad dentro del territorio municipal: su ubicación física, características naturales (clima, tipo de ecosistemas, riesgos por causa del cambio climático), tamaño de población, actividades económicas e impactos ambientales causados por diferentes actividades humanas.

Los resultados esperados de la norma de infraestructura verde se resumen en seis aspectos:

1. Tener una vinculación con las herramientas de planeación territorial que ya existen (Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Plan de Centro de Población, Programa Municipal de Ordenamiento Territorial), así como manuales de construcción e infraestructura verde y la propia paleta vegetal.
2. Relacionar y actualizar con otros reglamentos de programas rectores, como el de construcción y de atención a parques y jardines.
3. Desarrollar y apropiar los conceptos de infraestructura verde para los tomadores de decisiones y todo el personal del ayuntamiento, lo que además permitirá la homologación de criterios para la interpretación y aplicación de la norma técnica.
4. Establecer una relación y uso de los fondos verdes/ambientales existentes.
5. Disminuir riesgos climáticos con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza que permitan la adaptación al cambio climático y proteger la biodiversidad y la calidad ambiental.
6. Dar cumplimiento a compromisos ambientales internacionales del gobierno local.

Los retos visibles para la aprobación e implementación de esta normativa de infraestructura verde están relacionados a escenarios políticos cambiantes, un proceso de cambio de visión de las direcciones municipales relacionadas con el tema de mantenimiento urbano, parques-jardines y desarrollo urbano, así como involucrar el tema en la planeación estratégica a mediano y largo plazo.

Para este ejercicio y a manera de conclusión podemos decir que la infraestructura verde no es igual para todas las ciudades ya que depende del contexto natural, social, económico y político en el que se encuentren.

Seguiremos compartiendo las experiencias que este ejercicio genere con las ciudades del proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México, que trabaja por encargo del Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear.

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