Las lesiones causadas por tránsito son una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo, alrededor de 1.3 millones de personas fallecen por este motivo y hasta 50 millones de personas resultan heridas cada año. Para las personas entre 5 y 29 años, no hay mayor amenaza para sus vidas, según estas cifras. A nivel mundial, 1 de cada 4 muertes ocurre entre peatones y ciclistas (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021).
El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 señala el objetivo ambicioso para reducir las muertes y lesiones causadas por tránsito en un 50 por ciento para 2030. El Plan indica que pueden prevenirse abordando el sistema de movilidad, tomando medidas para garantizar vías, vehículos y comportamientos seguros, así como para mejorar la atención de emergencias.
La OMS, en colaboración con sus asociados, organiza las Semanas Mundiales de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. Este año la 7a edición se centrará en la movilidad sostenible: caminar y usar la bicicleta y el transporte público.
El impulso al uso del transporte público, como forma de movilidad sostenible, contribuye a reducir emisiones de CO2 como a la seguridad vial, pues es una forma más eficiente y segura que el uso del automóvil particular. En este sentido la GIZ en México se suma a la 7a Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial para fomentar una movilidad sustentable y segura con la charla virtual Repensando la movilidad: traslados sin riesgos.
Te invitamos a ser parte de este conversatorio, donde podrás interactuar con las panelistas en una sesión de preguntas y respuestas.
Participan:
Cynthia Chávez, Directora General de Movilidad, Ayuntamiento de León, Guanajuato
Sonia Aguilar, Gerente de Seguridad Vial, World Resources Institute (WRI)
Inés Alveano, responsable de Auditorías de Seguridad Vial, Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) Michoacán
Moderación: Paco de Anda, asesor técnico, GIZ México
Semarnat y la GIZ México concluyeron cuatro años de cooperación bilateral de implementación de medidas para la reducción de contaminantes generados por el transporte de carga.
Se destacaron iniciativas para la electromovilidad y la digitalización del reparto de mercancías en las ciudades, la profesionalización del sector, así como la chatarrización vehicular y la economía circular.
La SICT presentó un Mapa de Ruta Tecnológico para la modernización del transporte terrestre en el país.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), que trabaja por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, presentaron hoy los resultados más relevantes de la cooperación bilateral denominada “Programa Transporte Sustentable (PTS)”, la cual inició en 2019 y culmina este 2023, que tuvo como objetivo el que actores públicos y no gubernamentales implementaran medidas para la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes generados por el transporte de carga.
En el evento, denominado “Cooperación México-Alemania por un transporte de carga sostenible: Presentación de resultados”, participaron representantes de la Embajada de la República Federal de Alemania en México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) de Jalisco, el Municipio de Guadalajara, el Banco de Desarrollo Alemán (KfW), así como de SEMARNAT y la GIZ.
“El sector transporte es un sector clave para la cooperación internacional alemana en México. Por ello, para aumentar el alcance, el Programa Transporte Sustentable, de la cooperación técnica, GIZ, trabajó en estrecha colaboración con el Programa de Financiamiento al Transporte Sostenible, de la cooperación financiera, KfW. A través de ambos programas el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania busca dar un impulso al sector para modernizar la flota, promover tecnologías limpias y profesionalizar el sector. Y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno de México, así como con todos los actores del sector privado y de la sociedad civil”, dijo Simone Franke, Consejera para la Política de Cooperación y Desarrollo Económico, de la Embajada de la República Federal de Alemania en México.
Resultado de la cooperación bilateral, se desarrolló la Plataforma Transporte Limpio, en el marco del Programa Transporte Limpio liderado por la Semarnat, para que las empresas vaciaran información cuantitativa de sus operaciones y así promover el mejoramiento de su desempeño ambiental, pues únicamente aquellas que reporten una reducción de emisiones serán galardonadas con el distintivo otorgado por el programa. Actualmente en el Programa participan alrededor de 729 empresas, de las cuales 640 son empresas transportistas, 35 empresas usuarias del servicio de carga y 54 proveedoras de tecnología.
“La visión a futuro para el Programa Transporte Limpio consiste en incorporar a otras dependencias como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, además de involucrar más activamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, generando con ello sinergias que incidan en una mayor difusión y alcance del Programa Transporte Limpio”, compartió Daniel López Vicuña, Director General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire de la Semarnat.
(De izq. a der.) Alonso Jiménez Reyes, Subsecretario de Regulación Ambiental (Semarnat), Stephanie Hartmann, Directora del Programa Transporte Sustentable (GIZ), Simone Franke, Consejera para la Política de Cooperación y Desarrollo Económico (Embajada de la República Federal de Alemania en México), Elías Araujo, Director en Programas de Transporte (SICT), y Helge Jahn, Director KfW de la Oficina de Representación en México.
En tanto, la SICT presentó los “Lineamientos de para el Mapa de Ruta Tecnológica del Transporte Terrestre en México – Visión 2021-2050”.
“La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, desarrolló el Mapa de Ruta Tecnológica del Transporte Terrestre en México, Visión 2021-2050. Tiene los objetivos estratégicos del desarrollo tecnológico de los vehículos, la infraestructura y las operaciones del transporte terrestre de carga y pasajeros, con el propósito de establecer acciones que guíen la evolución del sistema de transporte; para lo cual se articuló un grupo de trabajo en el que participaron la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT)”, dijo Monserrat González Amador, Directora Ejecutiva de Planeación y Desarrollo de la SICT.
Para promover la chatarrización vehicular con enfoque de economía circular, la GIZ cooperó con el Gobierno de Jalisco en la estructuración del Programa de Renovación y Chatarrización Vehicular del Estado que tiene por objetivo brindar apoyos para la sustitución de vehículos ligeros de carga con más de 10 años de antigüedad por tecnologías vehiculares de baja emisión. Asimismo, dio acompañamiento técnico en la definición de los criterios que garanticen las condiciones de seguridad y ambientales necesarias para la destrucción adecuada de vehículos en la entidad, apoyando a dos empresas jaliscienses. También se desarrolló una plataforma de economía circular para el intercambio de materiales y residuos posindustriales derivados de vehículos al final de su vida útil.
“Nos sentimos muy contentos que para el caso del “Programa de Transporte Sustentable” de GIZ y el “Programa de Financiamiento al Transporte Sostenible” financiado por KfW a través de Nacional Financiera podemos afirmar que la cooperación entre GIZ y KfW ha sido muy armónica y ha dado importantes frutos que nos permitirán seguir apoyando la transición hacía un transporte sostenible en México”, expresó Helge Jahn, Director KfW de la Oficina de Representación en México.
“La Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco está comprometida en el desarrollo e implementación de iniciativas que promuevan la reducción de emisiones del transporte de carga y la logística urbana, a través de la renovación y chatarrización vehicular, así como coadyuvar con otras instancias para el impulso de proyectos piloto de última milla a nivel local”, dijo Sofía Hernández Morales, Directora General de Transversalidad y Gobernanza Territorial de la SEMADET.
Para impulsar la electromovilidad en la distribución de mercancías en las ciudades, en Guadalajara, Jalisco, se puso en marcha una operativa para la distribución de mercancías con bicicletas de carga eléctricas, mientras que en el Mercado de Abastos de la ciudad se lanzó un piloto de distribución con un vehículo eléctrico de cinco toneladas, facilitado por FAW Trucks en México, lo que ha ayudado a la planeación de la infraestructura de carga y establecer rutas de carga descarbonizadas más eficientes para las empresas y de menor costo.
En los municipios de Zapopan y Guadalajara se implementó un programa para gestión digital de las bahías de carga y descarga haciendo más eficiente el uso de la infraestructura, reduciendo hasta en un 4 por ciento las emisiones de CO2 ya que ayuda a los transportistas a encontrar espacios disponibles distribuyendo sus mercancías hasta un 15 por ciento más rápido, la tecnología permite a la ciudad planear y adecuar la logística urbana desde la sustentabilidad.
Ante el reto de la profesionalización del sector, donde el 97 por ciento de las empresas son micro y pequeñas empresas, se impulsó el lanzamiento de la plataforma digital EducaT, operada por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), en el marco de la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal, para vincular empresas transportistas con organizaciones especializadas en formación; hasta la fecha se han publicado 120 cursos de 24 organizaciones, y casi 500 personas están registradas en la plataforma, de las cuales el 14 por ciento son mujeres.
Otra de las iniciativas fue el Programa Integral de Eficiencia Energética en el Autotransporte de Carga, implementado en colaboración con la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), dirigido en a micro, pequeñas y medianas empresas e incluyó capacitaciones sobre gestión de flota, conducción técnico-económica y seguimiento para el control de combustible. En los cursos se demostró un ahorro de combustible de hasta 25% gracias a cambios en conductas de manejo.
Por último, Stephanie Hartman, directoral del “Programa Transporte Sustentable”, de la GIZ en México, destacó que a través de este proyecto “demostramos que una movilidad sustentable forzosamente tiene que englobar tanto el transporte de personas como el transporte de mercancías, y que efectivamente hay un rol para instituciones públicas tanto a nivel federal, estatal y local. No me queda nada más que agradecer a todas y todos que nos han acompañado en ese camino; gracias por su confianza y su compromiso”.
La GIZ en México
La cooperación entre Alemania y México se remonta a la década de 1970. Desde entonces, la GIZ asesora al gobierno mexicano y a otros tomadores de decisión. Implementa programas por encargo del Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y del Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor (BMUV), en el marco de la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima (IKI), lo mismo que de instituciones internacionales como la Unión Europea.
Los objetivos generales de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable son principalmente: proteger los bienes ambientales públicos y globales y fomentar el desarrollo sustentable, a través de los enfoques temáticos como: la protección y el uso sustentable de la biodiversidad; el fomento de la buena gobernanza y el fortalecimiento de la sociedad civil y del estado de derecho, el desarrollo urbano considerado con el medio ambiente; energía sustentable y la protección del clima.
Cuando se habla de transporte público es necesario partir de un hecho: la movilidad y la infraestructura de transporte no hacen distinciones de género, a pesar de que hay necesidades y condiciones diferenciadas. La falta de inclusión en los servicios de transporte público lo convierten en un medio de reproducción de las desigualdades que no sólo afecta en el acceso a oportunidades educativas y laborales, sino que tiene efectos negativos en la salud y la calidad de vida de las personas.
En ese contexto, las mujeres se enfrentan a retos adicionales, pues la falta de accesibilidad y de condiciones de seguridad las limitan a ejercer su derecho al libre movimiento. Para construir sistemas de transporte accesibles, seguros, eficientes y que verdaderamente conecten, es crucial tomar en cuenta a todas las personas usuarias, incluidas las mujeres.
Atender las necesidades de movilidad de las mujeres representaría satisfacer a cerca de la mitad de la población usuaria del transporte público en el mundo. Pese a esto, sus necesidades siguen sin estar reflejadas en la infraestructura y el diseño urbano [1]. Un ejemplo de ello está en la forma en la que nos movemos. Hay evidencia robusta de que las mujeres y los hombres nos movemos distinto: mientras que los hombres suelen desplazarse solos y de forma lineal, las mujeres realizan viajes más cortos —pero con varias paradas— y suelen viajar acompañadas de personas a su cuidado, como infantes o adultos mayores, o por sus parejas por razones de seguridad.
Se ha logrado conocer más sobre el comportamiento diferenciado de las personas usuarias gracias a la desagregación de datos por género, la cual es una variable aún más determinante que la edad o el ingreso para explicar las formas de movilidad, elecciones de vehículos o distancia recorrida. Sin embargo, a pesar de que se han hecho avances en la recolección y tratamiento de los datos, la evidencia no necesariamente se ha reflejado en mejoras en el transporte público. La infraestructura sigue estando diseñada para conectar los hogares a los lugares de trabajo y no ofrecen espacios para, por ejemplo, trasladar de forma segura a bebés y niños, transportar compras, o subir carriolas o sillas de ruedas [2].
Conocer más sobre el género y sus repercusiones en la movilidad debería ser un pilar importante para los y las tomadoras de decisión que quieran transformar el transporte público en uno más inclusivo, eficiente y seguro. Las actividades de hombres y mujeres están determinadas por el género y los roles sociales que se establecen a partir de éste. Y, por lo tanto, tiene efectos en su movilidad [3]. Para ejemplificar lo anterior, podemos retomar el tema de las formas diferenciadas de movimiento. Las mujeres, en su rol social de proveedoras de cuidados y principales trabajadoras en un hogar, realizan varios viajes cortos porque cumplen con múltiples propósitos en un mismo viaje. En una salida, una mujer puede llevar a sus hijos a la escuela, comprar una despensa y trasladarse hacia el hogar de un familiar que requiere cuidados (viaje de punto A, al B, al C). En contraste, el rol social del hombre como proveedor económico determina que su movimiento sea del punto A, el hogar, al punto B, el lugar de trabajo.
Además, el género está acompañado de otras variables, como la inseguridad y la violencia que viven las mujeres en el transporte y el espacio público, los cuales tienen un efecto en sus elecciones de movilidad. Por lo tanto, la seguridad es un componente que debe incluirse al desarrollar sistemas de transporte público inclusivos.
En cuanto al mercado laboral, el sector de movilidad y transporte público continúa siendo un medio masculinizado con un bajo porcentaje de participación femenina en los puestos técnicos, operativos y de toma de decisión. Además, se requiere de la sensibilización del personal en perspectiva de género a todos los niveles. De esa forma, se pueden comenzar a construir condiciones y ambientes laborales seguros y dignos, ampliar los roles de las mujeres en la sociedad y desarrollar proyectos o políticas públicas que consideren la perspectiva de género como lo que es, un pilar para lograr el desarrollo sostenible.
Actualmente, la GIZ México trabaja en integrar la perspectiva de género de forma transversal en sus proyectos. Para atender las necesidades en el transporte público, el proyecto Transición hacia un Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público en México (TranSIT) tiene previsto implementar medidas a nivel nacional y estatal, particularmente en los estados de Oaxaca, Puebla y Yucatán, así como la ciudad de León, en Guanajuato.
Una de lo resultados esperados es una hoja de ruta donde se incluyan procesos para el fortalecimiento de capacidades del personal del sector de transporte público. Dentro de este marco de profesionalización, se promoverá un programa de mujeres conductoras, así como mecanismos de sensibilización en temas de género entre las y los empleados del sector. Finalmente, se buscará fortalecer las redes de mujeres que trabajan los temas de movilidad y transporte público en diferentes sectores.
La experiencia de Oaxaca
Por Claudina de Gyves
En Oaxaca, seis de cada diez mujeres perciben mayor inseguridad en la calle y siete de cada diez mujeres en el transporte público (ENVIPE, 2022); condición que, al combinarse con factores como la etnia, escolaridad, edad y violencia, profundizan la brecha de desigualdad existente desde hace décadas en la entidad.
La transformación de Oaxaca no será real si no se logra la igualdad sustantiva que les permita a las mujeres tener autonomía, oportunidades y una vida libre de violencia. Por ello, como parte de las políticas para combatir la violencia que viven, el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de las Secretarías de Movilidad, de las Mujeres, y de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, iniciaron la implementación de los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público.
Para este fin, en la Zona Metropolitana de Oaxaca, se identificaron las zonas de mayor concentración de casos de violencia hacia las mujeres y se estableció un radio de 300 metros, seleccionando las rutas que dan servicio en estas zonas. En la primera etapa fueron seleccionadas la Ruta 24 (Vista Hermosa – Santa Cruz Amilpas) y la Ruta 43 (Panteón Jardín – Álamos Infonavit).
Como parte de la implementación, se seleccionaron y capacitaron a más de 50 operadores, fortaleciendo los protocolos de atención en caso de hostigamiento y acoso sexual en las unidades de transporte. Asimismo, se capacitaron a más de 30 personas funcionarias de diferentes dependencias (Secretarías de Movilidad, de las Mujeres, de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía) para la atención coordinada y el seguimiento a denuncias de acoso.
A la par, se realizó el levantamiento de 400 encuestas de percepción de inseguridad a mujeres en el transporte público en las rutas seleccionadas. Actualmente, la Secretaría de Movilidad realiza la aplicación de las encuestas finales para evaluar el impacto de la capacitación de las personas operadoras y funcionarias, así como la implementación de los Lineamientos.
Finalmente, como parte de las acciones se lanzó la campaña informativa “Rompamos el Silencio” mediante la difusión de materiales informativos para conocer los canales y mecanismos de denuncia (089 y 911). Esta campaña se realizó al interior y fuera de las unidades de transporte público, así como en los paraderos de autobuses.
Actualmente la Secretaría de Movilidad gestiona la implementación de los Lineamientos en otros municipios de la entidad con el fin de lograr una mayor cobertura territorial en el combate a la violencia que viven las mujeres en el transporte público.
Actualmente, la mayoría de la población mundial vive en ciudades, las cuales son espacios donde se producen desigualdades en diferentes niveles, siendo los roles de género uno de ellos. Para reducir las brechas entre hombres y mujeres, a nivel internacional se han establecido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde una de las metas es eliminar las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados.
En el espacio público, las mujeres perciben un mayor riesgo ya que sus ocupaciones están asociadas tanto a actividades de trabajo remunerado como de no remunerado, éste último asociado a tareas del hogar. Es necesario destacar que 90% de las labores de cuidado de menores de 15 años recaen en las mujeres (Instituto Nacional de las Mujeres, 2013), quienes deben utilizar infraestructuras y servicios de transporte que no toman en cuenta sus necesidades para cumplir sus tareas laborales como domésticas.
La ciudad de León, mediante la Dirección General de Movilidad, constantemente busca generar proyectos que faciliten la vida de las mujeres en términos de movilidad cotidiana, movilidad del cuidado, autonomía y empoderamiento dentro de los espacios públicos. Como muestra de ello, uno de los proyectos actuales es la instrumentación del piloto “Lineamientos para la prevención y atención del acoso sexual contra las mujeres en el transporte Público”,el cual se trabajaen conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Instituto Municipal de las Mujeres.
El proyecto se ha implementado en la línea troncal 1 del Sistema Integrado de Transporte, una de las primeras tres rutas de transporte masivo BRT de la ciudad y que cuenta actualmente con 18 paraderos. Entre las principales acciones se destacan:
el levantamiento de datos por medio de encuestas a las mujeres usuarias,
la capacitación a operadores de las unidades y a funcionarios públicos del área operativa y
una campaña visual en estaciones, paraderos y unidades.
Por otro lado, dentro del Programa de Gobierno 2021- 2024, en la bandera Movilidad Segura, se trabaja en la modernización de 21 paraderos. Ésta es una iniciativa para mejorar la seguridad de las personas, especialmente de las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte (SIT), en donde han manifestado sentirse más vulnerables. El proyecto Paraderos Seguros cuenta con un botón de pánico, equipos de alarma visual y auditiva, cámaras de video vigilancia con analíticos específicos para la seguridad ciudadana y conectividad con C4. Actualmente, se cuenta con cuatro paraderos en operación y se estima que, hacia el final de la administración, se beneficiará a más de 14 mil personas diariamente. Además, cabe destacar que se ha establecido como meta la integración de botones de pánico y cámaras de seguridad conectadas a C4 en todas las unidades del transporte público en un plazo no mayor a 6 meses.
En el caso de la movilidad activa, con el apoyo de la GIZ (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable), se inició el proyecto Biciescuela con perspectiva de género, el cual ganó el segundo lugar de los premios CoRe 2022 y se llevó a cabo en conjunto con la asociación civil Ciencia Azul y el colectivo Mujeres en Bici León. Este proyecto se presentó como una propuesta educativa desde un enfoque de derechos humanos y surgió a partir de la necesidad de presentar a la bicicleta como una herramienta de autonomía para mujeres y niñas como personas que inciden en las actividades de la ciudad.
De esta forma, se logró visibilizar sus necesidades y experiencias en los contextos urbanos. La biciescuela cuenta con talleres de habilidades ciclistas que van desde el nivel básico (aprender a pedalear) hasta el nivel avanzado (cómo usar la bicicleta como transporte cotidiano), talleres sobre medio ambiente con enfoque en movilidad sostenible, así como talleres de mecánica básica y de movilidad y seguridad vial con perspectiva de género. Desde su inicio a la fecha se han llevado a cabo más de 60 talleres biciescuela, con una participación de más de 550 mujeres, niñas, niños y adolescentes.
A través de estos proyectos se pretende coadyuvar en generar nuevas formas de vivir la ciudad, al generar cambios sociales positivos que visibilicen las necesidades y vulnerabilidades de las mujeres en un mundo cada vez más consiente, informado y sensible a la perspectiva de género.
*Mariana Ceja es asesora técnica de la GIZ México; Claudina de Gyves es Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca; Cynthia Chávez es Directora General de Movilidad del Ayuntamiento de León, Guanajuato.
Fuentes de información y notas
[1] Inter-American Development Bank, “The Relationship Between Gender and Transport”, 2016.
[2] Ibid., p. 12. En décadas anteriores se introdujo el concepto de “movilidad del cuidado”, en el cual se incluye el trabajo no remunerado asociado al cuidado de personas y el mantenimiento del hogar. Gracias a este concepto, se pueden identificar el número de viajes que hombres y mujeres realizan para atender tareas de cuidados y así, entender mejor los patrones de movimiento y adaptar la oferta de transporte público a las necesidades de género. Para más información, véase: Sánchez de Madariaga, I., & Zucchini, E. (2020). Movilidad del cuidado en Madrid: Nuevos criterios para las políticas de transporte. Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, LII (203), 89-102. https://doi.org/10.37230/CyTET.2020.203.08
La pesca es una de las principales actividades económicas del mundo, es esencial para la seguridad alimentaria de las personas.
México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litorales donde se capturan más de 2 millones de toneladas de peces [1]. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 200,000 personas trabajan en la pesca, de las cuáles 88 por ciento son hombres y 12 por ciento son mujeres [2]. Además, el país tiene el 12 por ciento de la biodiversidad mundial y en los mares mexicanos habitan alrededor de 2 mil especies endémicas.
En Oaxaca, a lo largo de casi toda la costa, se lleva a cabo la pesca ribereña, de pequeña escala, en embarcaciones menores, la cual aprovecha diversas especies de peces y mariscos. En el puerto industrial de Salina Cruz también se desarrolla la pesca de altura, con grandes embarcaciones para viajes de larga duración enfocada principalmente a la pesca de camarón y especies de alta mar.
Un mar saludable nos brinda alimento, genera empleos y bienestar ambiental, social y económico.Desafortunadamente, el consumo desmedido de plástico pone en riesgo su equilibrio y la biodiversidad de la cual dependemos. La contaminación plástica tiene implicaciones directamente en el sector pesquero, sus familias y la seguridad alimentaria de todos.
El plástico que ingresa al mar proviene de fuentes terrestres derivadas de actividades económicas que consumen y usan plástico de un solo uso, como el comercio y el turismo. Además, el sector pesquero también es pieza clave en el consumo y generación de plásticos. Sin embargo, este sector también es un aliado importante para la reducción de plásticos en el mar, pues son las y los pescadores quienes viven día a día esta problemática, pero que a la vez pueden ser parte de la solución.
Problemáticas del sector pesquero y plásticos en la costa de Oaxaca
En un trabajo conjunto, el sector pesquero de Oaxaca, la Red de Investigaciones y Soluciones Antropológicas S. C. (Red-ISA) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México determinaron la línea base del consumo y generación de plásticos de este sector. Con esta información se trabaja con autoridades y pescadores para elaborar juntos un plan de acción para la reducción de residuos plásticos. Además, a través del diagnóstico documental en toda la costa de Oaxaca y el trabajo en campo a través de encuestas, entrevistas y caracterización de residuos de la actividad pesquera en Salina Cruz, la Red-ISA detectó las principales problemáticas del sector con relación al plástico (Tabla 1).
Figura 1. “Puntos críticos” de fuga de plástico en el sector pesquero de Oaxaca
Por otra parte, se concluyó que la generación de plástico del sector pesquero en relación con el plástico total de los municipios con los que actualmente trabaja la GIZ México fueron menores al 0.1 por ciento. Esto en proporción con los resultados de otro estudio realizado dentro del proyecto “Protección de las regiones costeras mexicanas y sus ecosistemas mediante la reducción de residuos plásticos” (PROCEP) para caracterizar los residuos de los municipios del proyecto. Aún cuando la representación es poca, sigue siendo un problema que afecta directamente las playa y el mar.
Hacia un mar y una pesca con menos plástico
La GIZ México, a través del proyecto PROCEP, que trabaja por encargo del Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores (BMUV por sus siglas en alemán), en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), gobiernos locales de la región costera de Oaxaca, en alianza con pescadores y autoridades del sector a nivel municipal, estatal y federal, buscamos reducir el ingreso de residuos plásticos al mar y a los ecosistemas marinos.
En este sentido, con el sector pesquero y las autoridades correspondientes, con base en los resultados del diagnóstico se están diseñando intervenciones oportunas para llevarlas a cabo durante 2023. Algunas de las propuestas de estrategias a implementar se destacan en la Tabla 3.
Estas intervenciones serán complementadas con estrategias transversales de comunicación, sensibilización, generación y transferencia de conocimiento. Esto permitirá implementar campañas para la reducción del consumo de productos plásticos de un solo uso, dirigida al sector pesquero ribereño y de altura, proveedores y comerciantes.
En coordinación con los otros componentes del proyecto se pretende mejorar la gestión local de residuos, disminuir el consumo de plástico de un solo uso, se difundirán las buenas prácticas y las lecciones aprendidas para mejorar las estrategias y programas nacionales de prevención de basura marina.
Sin duda, la colaboración con el sector pesquero será clave para frenar la amenaza de la contaminación plástica que llega al mar, favorecer mares limpios y promover una pesca sostenible.
Las necesidades de la ciudadanía cambian de acuerdo con la edad y el género, son diferentes para mujeres y hombres.
Por ejemplo, la permanencia de las niñas, adolescentes y jóvenes en el espacio público y sus trayectos se ven marcados por intimidación y violencia; cuando se trata de mujeres mayores, la infraestructura cobra mayor relevancia para prevenir la violencia vial y disminuir el riesgo para la salud.
En los últimos años han existido diversas aproximaciones e implementaciones de proyectos que responden a las necesidades de las mujeres e incorpora la perspectiva de género en la planeación de las ciudades, pero ¿qué políticas públicas existen para fomentar esta perspectiva? ¿Cuáles son los pasos por seguir? ¿Hay casos exitosos en México?
Contaremos con la participación de Mabel Almaguer, Directora de Proyectos Estratégicos de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Para mejorar los servicios de transporte público es necesario incluir la perspectiva de todas las personas usuarias, entre ellas, las mujeres. Sin embargo, al recorrer el sector, se encuentra que los puestos de trabajo están ocupados principalmente por hombres, desde el nivel operativo y técnico, hasta el de toma de decisiones.
La ausencia de mujeres en el sector tiene consecuencias en la calidad y accesibilidad de los servicios. Al nivel de diseño e implementación de política pública, la falta de mujeres se refleja en servicios carentes de condiciones de seguridad e infraestructura para facilitar sus desplazamientos, los cuales suelen realizar con personas a su cuidado. Al nivel laboral, las ofertas no brindan a las mujeres condiciones dignas, accesibles, ni libres de violencia en los espacios de trabajo.
En este evento contaremos con la participación de mujeres que ocupan cargos de toma de decisión dentro del sector de transporte público. Conoceremos sus experiencias, logros, mayores retos profesionales y perspectivas sobre los avances en materia de perspectiva de género y transporte.
Te invitamos a ser parte de este conversatorio, donde podrás interactuar con las panelistas en una sesión de preguntas y respuestas.
Participan:
Roxana Montealegre, Directora de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Elsa Bracamonte, Secretaria de Movilidad y Transporte (SMT), estado de Puebla
Daniela Flores, Secretaria Técnica, Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Yucatán
Cynthia Chávez, Directora General de Movilidad, Ayuntamiento de León, Guanajuato
Claudina De Gyves, Secretaria de Movilidad (SEMOVI), estado de Oaxaca
Gabriela de la Torre, Gerente de Proyecto, World Resources Institute (WRI)
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI) 1990-2019, el sector de transporte fue la categoría con mayor contribución de emisiones en ese periodo. En 2019, el sector transporte fue el segundo mayor emisor de GyCEI, con una contribución de 18.5 por ciento de las emisiones totales en México, de las cuales 92 por ciento corresponden al autotransporte.
Dichas emisiones se consideran directas, es decir, las emisiones causadas por la combustión interna de hidrocarburos en los motores o en la generación de la electricidad que requieren los motores eléctricos. Si a esto se añaden las emisiones indirectas, es decir, las emisiones asociadas a la fabricación y envío de los automóviles y las emisiones asociadas a la producción de cemento que fue requerido en la construcción de las calles y carreteras por las que circulan los vehículos, las emisiones totales asociadas al transporte de personas y mercancías que requieren los vehículos automotores es considerablemente más alto.
De manera adicional, el transporte es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica de las ciudades que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tuvo un costo de $693,760 millones en 2019.
Si sabemos que reducir las emisiones del sector transporte es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire en el país, la siguiente pregunta que debemos plantearnos es cómo lograrlo. La respuesta más simple, que no por ello sencilla, es hacer los viajes lo más eficiente posibles o, dicho de otra manera, mover a más personas y mercancías con la menor cantidad de viajes.
La mayor parte de los viajes de autotransporte (y las emisiones de GyCEI asociadas a estos) se hacen con automóviles privados, por lo que reducir estos es la medida con mayor impacto potencial en la reducción de emisiones.
Esto se puede impulsar de varias maneras, como las enlistadas a continuación:
Promover programas para compartir el auto(car-pooling): esto es cuando dos o más personas que normalmente se trasladan en sus autos privados en una ruta parecida lo hacen en un solo automóvil. Esta medida se puede promover dentro de las empresas para integrantes de la misma que tienen desplazamientos similares.
Impulsar medios de movilidad activa en viajes de corta distancia: reemplazar el uso de automóvil por viajes a pie, bicicleta u otros en distancias cortas. Lo anterior tiene el potencial de reducir emisiones y tener impactos positivos en la salud.
Mejorar y promover el uso del transporte público masivo: mientras que un auto compartido normalmente tiene la capacidad para trasladar a 4 personas (reducir hasta 3 viajes), el transporte público masivo tiene la capacidad de trasladar varias decenas de personas en un solo vehículo, potencializando la reducción de emisiones de esos viajes.
La disminución del número de automóviles en las calles representa una reducción de la congestión vial, lo que también impacta en el tiempo de traslado y productividad de las personas y ciudades, y aumenta su tiempo libre para actividades personales y familiares.
Si el transporte público es la medida con mayor potencial para reducir emisiones, la siguiente pregunta es cómo se puede hacer este más conveniente, eficiente, cómodo y seguro para reemplazar viajes individuales.
En tema de costos, elegir el transporte público en vez del automóvil no parecería ser tan difícil. El costo de los automóviles representa un gasto considerable para quien tiene la oportunidad de elegir este medio de transporte, no sólo por el costo de adquirir el vehículo, sino por los gastos adicionales como gasolina, seguro, mantenimiento, emplacamiento, entre otros. Sin embargo, la compra y uso del auto privado en México sigue en aumento ya que se percibe como un medio más seguro, cómodo y práctico que el transporte público.
Adicionalmente, la pandemia de COVID-19 provocó una reducción en el número de personas usuarias de transporte público, ya que se le consideró como un espacio potencial de contagio.
Para frenar, o idealmente revertir el número de viajes individuales en automóvil privado, el transporte público no sólo debe ser una opción más económica que el transporte privado, sino que se deben cuidar varios elementos adicionales:
Tiempos de traslado: uno de los principales factores que restan popularidad al transporte público es el tiempo de viaje; si la unidad tiene una velocidad muy baja, una ruta poco directa, o paradas excesivas, esto resulta en un viaje más largo. Para ello es importante hacer un estudio de movimientos en la cuidad, y, con base en ello, optimizar las rutas, lo cual incluye identificar potenciales carriles exclusivos para el transporte público.
Frecuencia del servicio: el número de corridas que tiene una ruta determina el posible tiempo de espera de las personas usuarias para tomar la unidad, algo que también tiene efectos en la duración total del viaje y el tiempo de espera en la parada o calle.
Cobertura: una opción de transporte público cercana a la vivienda de una persona usuaria, y por lo tanto el tiempo y esfuerzo requerido para acceder al mismo, también es un factor determinante para priorizar ese medio de transporte.
Seguridad: la percepción de seguridad es fundamental para seleccionar la opción de transporte. Si una persona no se siente segura dentro del transporte público o en el camino a tomarlo, ya sea por posible acoso, robo o delitos similares, hará lo posible por evitar viajar en ese medio.
Calidad y comodidad: la calidad y comodidad son factores importantes en la selección del transporte público, desde el trato de las personas operadoras, facilidad de pago y acceso, hasta los espacios en la unidad a lo largo del trayecto.
Para que los servicios de transporte público sea rentables, estos puntos se deben conciliar con la intención de aumentar el número de pasajeros para reducir las emisiones por traslado de personas. Para ello, es importante optimizar los sistemas de transporte público: tratar de empatar la demanda de traslado de la población con la oferta del servicio; en horarios de mayor demanda disponer un mayor número de unidades con una alta ocupación, pero no sobrepasadas; y tratar de reducir viajes con pocas personas usuarias, lo que además hace más eficiente y rentable el servicio y permite mejoras adicionales del mismo.
Apoyo para la transición hacia sistemas integrados de transporte público en México
El proyecto “Transición hacia un Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público en México” (TranSIT), implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México por encargo del Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán), tiene el objetivo de apoyar a estados y ciudades de México a mejorar la calidad y eficiencia de sus sistemas de transporte público, así como reducir emisiones de GyCEI en el proceso. A nivel federal, el proyecto trabaja en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Además de apoyar proyectos demostrativos en reducción de emisiones por persona pasajera, el proyecto trabaja en los siguientes puntos:
Analizar los sistemas actuales de transporte público y proponer estrategias para su optimización.
Transitar hacia la electrificación de los sistemas de transporte público a largo plazo.
Desarrollar las capacidades técnicas y de toma de decisión de los trabajadores del sector de transporte público para analizar la información generada e identificar mejoras en el servicio.
Actualmente, el proyecto TranSIT trabaja con los estados de Puebla, Oaxaca y Yucatán y la ciudad de León, en Guanajuato, con la visión de impulsar los sistemas en estos lugares y de manera posterior promover la diseminación de buenas prácticas a más sistemas de transporte público en el país.
Mejorar la movilidad no sólo es fundamental para enfrentar problemáticas ambientales y de salud en México, sino para el desarrollo económico y en la accesibilidad, equidad y derecho a la ciudad de sus ciudadanas.
La visión se compuso de tres ejes principales: planificación urbana, movilidad urbana sostenible e integración de servicios ecosistémicos. De esta manera, el proyecto se centró en generar evidencia y lecciones aprendidas a partir de prototipos y casos de implementación, lo que se sistematizó en buenas prácticas y experiencias locales a partir de acciones en territorios hasta el desarrollo de políticas nacionales de desarrollo urbano.
México es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a sus características geográficas y condiciones sociales desfavorables; y es a nivel local donde la población se ve directamente afectada por eventos climáticos extremos: lluvias torrenciales, huracanes, altas temperaturas y sequías, que resultan en inundaciones, deslizamientos de tierra, islas de calor e incendios, entre otros.
Para brindar soluciones a estos desafíos, el proyecto trabajó en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con más de nueve ciudades para impulsar estrategias y programas con impacto en su territorio.
Dentro del desarrollo urbano hay dos aspectos principales: la planificación y el diseño urbano. Fueron estos dos caminos principales donde el proyecto centró sus recursos. Su objetivo fue generar espacios para el diálogo y la construcción de una narrativa que demuestre que las ciudades son la clave para la transformación climática.
Las ciudades están llamadas de manera urgente a actuar por el cambio climático. En la perspectiva del proyecto, una ciudad es el lugar donde se promueven ideas innovadoras desde la perspectiva de la planificación urbana sostenible: integración de los servicios ecosistémicos a través de la infraestructura verde; movilidad no motorizada y segura y espacios públicos que promuevan la inclusión de grupos vulnerables.
Una vez que se ha logrado la comprensión de los conceptos de desarrollo urbano sostenible, las ciudades (contrapartes) redujeron las emisiones de CO2 a través de la construcción de más de 50 kilómetros de ciclovías (ciclovías emergentes e infraestructura permanente) y con proyectos de espacio público accesible y seguro en más de 20 municipios de México (2020-2021). Además, el proyecto apoyó a contrapartes federales y locales para fortalecer el diseño urbano sostenible, como la ciclovía Tlaquepaque (2019) que permite capturar e infiltrar el agua de lluvia en los acuíferos.
Se identificaron lecciones aprendidas para demostrar el éxito de la visión de sostenibilidad. Las contrapartes desarrollaron instrumentos, mecanismos, estándares y directrices en 16 publicaciones técnicas (2018-2022). Los conceptos de sustentabilidad se han integrado como condición previa en los procesos de planeación y permiten calcular la contribución de México en la mitigación y adaptación al cambio climático (informe NDC 2021). Se evaluó una Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial que finalmente entró en vigor en mayo de 2022. La Ley proporciona la base para modos de transporte más eficientes, seguros y sostenibles, desde su planificación hasta su implementación.
El proyecto CiClim hizo las cosas de manera diferente: hablar del proyecto significa hablar de compromiso y pasión por querer un país mejor y proteger el clima, pero sobre todo por trabajar juntos en un diálogo de comprensión y escucha entre las contrapartes, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado.
Con este enfoque, el proyecto ha creado buenos ejemplos que motivan a otros gobiernos locales, organizaciones internacionales y otros actores a tomar un camino similar.
El proyecto “Protección del Clima en la Política Urbana de México“ (CiClim) (2017-2022) se implementó a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México por encargo del entonces Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), hoy (2023) Ministerio Federal alemán de Economía y Protección del Clima (BMWK).
En México se producen al día 15,600 toneladas de residuos plásticos, de los cuales, menos del 10% se recicla, mientras que alrededor de 40% termina en el medio ambiente. Los residuos plásticos que se desechan al mar representan un grave riesgo para la flora y fauna marina, pues se pueden ingerir, causar heridas y contaminación química al descomponerse.
La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) apoya a las ciudades costeras de Oaxaca en mejorar su gestión de residuos, fomentar la economía circular y el reciclaje, así como prevenir y reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Las mejores prácticas del proyecto, que lleva por título “Protección de las regiones costeras mexicanas mediante la reducción de residuos plásticos” (PROCEP), por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores, serán replicadas en 3 ciudades costeras adicionales de la costa del Pacífico.
El “financiamiento local sostenible” es un tema sensible y uno de los factores principales que determina el fracaso o el éxito para la mayoría de los proyectos que desarrollamos en conjunto con los municipios, ya sean iniciativas privadas, públicas o de interés común, como desde la sociedad civil.
Este texto versa sobre la importancia del financiamiento y las diferentes rutas que existen en México. Una de las misiones de la GIZ México es impulsar acciones que los gobiernos locales de México quieren implementar en materia de desarrollo territorial y urbano sustentable, así como encontrar estrategias de sostenibilidad operativa y financiera en el tiempo. En muchas ocasiones, debemos prever su implementación durante 10, 20 o más años, mientras que los proyectos de cooperación rara vez superan los 5 años, lo que supone un reto de independización de los proyectos. Para cualquier acción pública de los gobiernos – siempre – se requieren recursos financieros.
Para Carlos Brown, experto en finanzas públicas, hoy por hoy, vivimos una “anomalía fiscal”: en términos de ingresos, México se encuentra en el decimoquinto lugar a nivel mundial, pero en cuanto a la recaudación fiscal se encuentra entre las posiciones más bajas.
Los municipios son los que implementan una serie de políticas territoriales, de infraestructura o de servicios porque son la unidad administrativa más cercana a la ciudadanía. El imbalance recaudatorio representa un problema que tiene diferentes aristas: en primer lugar, muchos municipios dependen de las transferencias federales para operar; en segundo lugar, se desincentiva a los municipios a hacer ejercicios de cobranzas, lo que, en tercer lugar, lleva a un desarrollo desigual cuando no se tributa lo debido. Proyectos de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales y tratamiento y disposición de residuos sólidos suelen estar fuera del alcance de la mayoría de las administraciones.
Según un estudio de OXFAM México, el 43% de las personas creen que el pago de sus impuestos sirve poco o nada para mejorar los servicios públicos. Foto: GIZ México
Opciones de instrumentos de financiamiento para gobiernos locales
En el paisaje financiero hay distintas instituciones cuyo objetivo es facilitar el ahorro y el financiamiento a personas físicas y morales. Con ello se busca ampliar el acceso a instrumentos financieros en áreas productivas prioritariaspara fomentar la producción de bienes o servicios que no se resuelven por medio del mercado, como es el caso común de los bienes públicos.
Durante el Encuentro de Ciudades Sostenibles, organizado por la GIZ México en noviembre de 2022, se tuvo una mesa de conversación titulada “Oportunidades de financiamiento para proyectos sustentables en ciudades” en la que participaron Rafael Márquez Mota y Carlos David Roldán Juárez, representantes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Carlos Brown, del Instituto del Sur, Siddharta Flores,de Nacional Financiera (NAFIN), y Álvaro Lomelí, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Rafael Márquez, experto asesor de financiamientos para municipios de BANOBRAS, compartió que el objetivo de las delegaciones estatales de esta institución es el de dar asesorías y garantizar el acceso a créditos a los municipios para sus proyectos de infraestructura. A pesar de que la banca de desarrollo no asesora los proyectos específicos en lo que a su materia respecta, puede asesorar a municipios para encontrar la mejor opción para financiar un proyecto, ya sea con acreedores comerciales, públicos o privados, y se dan capacitaciones a funcionarios municipales y para organismos operadores.
Además, aquellos proyectos que consideren una agenda inclusiva o verde se consideran dentro de corredores especiales susceptibles a subsidios adicionales. Estos podrán solicitar recursos al Fondo Verde para el Clima y al Fondo “Proyectos Sostenibles” de Nacional Financiera– una institución del Gobierno Federal mexicano. Esta institución tiene un portal donde ofrece una variedad de servicios de atención para asesorar a municipios, pequeñas y medianas empresas.
Durante el “Encuentro de Ciudades Sostenibles”, expertos conversaron sobre los aspectos del financiamiento municipal en México e invitaron a los funcionarios presentes a acercarse a sus delegaciones estatales. Foto: GIZ México
Para manejar créditos, es decir adquirir deudas de una manera productiva, los gobiernos locales necesitan asegurar ingresos estables en el futuro. Esto significa que los municipios deben y pueden cobrar adeudos de impuestos correspondientes a los grupos productivos que deberían contribuir a las deudas fiscales (en mayor medida) – hoteleros, servicios, industrias, etc. Junto con la asesoría gratuita de estas instituciones financieras del gobierno federal se pueden definir estrategias para recuperar adeudos por pago de predial.
Hay ejemplos de ciudades que avanzado en el cobro de deudas por pagos de predial y para capturar la plusvalía de la cual los propietarios de predios en áreas urbanas en crecimiento se benefician. Se trata de rentas que se retornan de las inversiones que las administraciones locales hacen al espacio público, derivados del proceso de urbanización y de la mejora del equipamiento de la ciudad. Este es un instrumento fiscal que muchas ciudades en el mundo implementan y, de hecho, se ha demostrado que contribuyen a reducir desigualdades sociales, desincentivan la especulación y son utilidades compartidas, ya que esos recursos se pueden invertir en infraestructura o servicios que aumentan el valor del suelo, de manera que se obtiene un círculo virtuoso.
La SEDATU publicó el Manual de Instrumentos para el Financiamiento de la Ciudad en el que se esclarecen los aspectos económicos, legales y pragmáticos relacionado a los instrumentos y gobernanza. Algunos ejemplos de la implementación exitosa de estos instrumentos son Zapopan, municipio que recaudó alrededor de 250 millones de pesos entre 2015 y 2018, y Puerto Vallarta, que recaudó 130 millones de pesos, al implementar estos instrumentos en 2021.
Durante la sesión se dijo que para desempeñar la acción pública orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y con la posibilidad de revertir las desigualdades, los municipios tienen a la mano diversas herramientas para posibilitar el financiamiento local, tanto autónomo como a través de la federación y sus diferentes fondos y subsidios para entidades federales. Como apuntó Carlos Brown, la autonomía económica es autonomía política, es decir que lo que se quiere hacer no se parece a lo que se puede hacer. Dicho de otra manera, es uno de los principales factores que determinan el éxito o el fracaso de los proyectos de interés público.
Participación ciudadana, ingrediente clave para proyectos sostenibles
Finalmente, si los proyectos municipales cuentan con el apoyo de la sociedad, no sólo será un proceso más democrático, sino que también será posible mantenerlo en el tiempo. Las consecuencias que se desprenden de las crisis ambientales obligan a la participación social porque los efectos son directos sobre las personas.
Un proceso de socialización, sensibilización y consulta adecuado aporta a la sostenibilidad de los proyectos. Foto: Colectivo Tomate
Para que la ciudadanía se apropie de los proyectos, por un lado, se requieren mecanismos formales de participación ciudadana, y por el otro, se deben comunicar a tiempo y de manera correcta las acciones de inversión -una pedagogía integral. Un ejemplo en otros países en América Latina son las Veedurías Ciudadanas, que son organizaciones civiles que se dedican a la vigilancia del correcto uso de los recursos.
