Las ciudades juegan un papel esencial en el contexto del calentamiento global; a pesar de ocupar únicamente el 3% del territorio, son responsables de la emisión del 80% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es durante el desarrollo de las urbes que se transforma el entorno natural para dar paso al entorno urbano, un espacio compuesto por edificaciones, banquetas, vialidades, sustituyendo el suelo natural por suelo cubierto por asfalto y concreto.  

Es a través de su composición que las ciudades se convierten en fuentes generadoras de calor, contribuyendo a los efectos del cambio climático. Dentro de estos efectos se encuentra la presencia de fenómenos meteorológicos más intensos, sequías, incendios forestales, desbordamientos de ríos y lagos, entre otros, que afectan a la población de las ciudades, especialmente a aquella en situación vulnerable.

A partir de esto es necesario destacar que las áreas verdes en los espacios urbanos desempeñan servicios culturales y de regulación muy importantes, por ejemplo, proporcionar oxígeno, capturar contaminantes, regular la temperatura, contribuir a la recarga de los mantos freáticos, además de incrementar la biodiversidad, mejorar la imagen urbana, atribuir al aumento de plusvalía y fortalecer la identidad local a través del uso de la vegetación endémica, entre otros aspectos.

Según estudios realizados en el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN), en Torreón se cuenta con 4.2 m2 de área verde por habitante. De acuerdo con el Atlas Municipal de Peligros y Riesgos de Torreón, realizado en 2020, debido a la morfología de la ciudad, Torreón es una zona vulnerable a eventos hidrometeorológicos, ya que, al contar con pocas áreas verdes, es susceptible a óndas cálidas e inundaciones pluviales.

Según estimaciones del Atlas Municipal de Peligros y Riesgos de Torreón, se espera un aumento de 5 grados centígrados en temperaturas máximas urbanas para los próximos 50 años.

Aunado a esto la ciudad se encuentra en una superficie con pendientes casi nulas que oscilan entre los 0 y 6 grados. Esto genera una problemática en torno a inundaciones pluviales, ya que, en la temporada de lluvia, que comprende los meses de junio a octubre, las precipitaciones se presentan en lluvias torrenciales de alta intensidad y poca duración, lo que provoca el colapso de la escasa infraestructura pluvial y el agua se acumula naturalmente en la planicie de la ciudad.

Tomando en cuenta que el calentamiento global amenaza con incrementar la presencia de estos fenómenos hidrometeorológicos es que se ha vuelto indispensable para la Ciudad de Torreón replantear los instrumentos de ordenamiento territorial e incluir criterios que abarquen estrategias para mitigar los efectos del cambio climático.

Es así como surge la infraestructura verde como estrategia para solucionar las antes mencionadas problemáticas de la Ciudad de Torreón. Dicho elemento es de reciente aparición en las agendas gubernamentales, y por este motivo se encuentra aún en proceso de consolidación dentro del marco jurídico. Aun así, ha ido abriendo camino para convertirse en un elemento importante a considerar dentro de la planeación urbana, ámbito en el cual cada vez se da mayor importancia al entorno natural y su integración con el entorno urbano.

Entre las definiciones institucionales más citadas está la de la Comisión Europea que define la infraestructura verde como una “red estratégicamente planificada de áreas naturales y seminaturales con otras características ambientales diseñadas y administradas para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos”.

Ésta incorpora áreas verdes en distintas escalas, se presenta en el ámbito rural y urbano y permite proveer múltiples beneficios, como mejora de la calidad de vida, protección de la biodi­versidad y ofrece servicios como la reducción del riesgo de desastres, la recarga de los acuíferos, mejora en la calidad del aire, mayor oferta de espacios recreativos, mitigación y adaptación al cambio climático.

Los trabajos del IMPLAN entorno a soluciones basadas en Infraestructura Verde dan inicio con la elaboración del Plan de Infraestructura Verde, un instrumento que aterriza las problemáticas encontradas a partir del Atlas Municipal de Peligros y Riesgos de Torreón, y que dictamina una serie de líneas estratégicas para atender estas problemáticas.

De igual manera, a partir de la actualización del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción, se ha buscado la obligatoriedad en la aplicación de estos sistemas tanto en el ámbito público como privado. Sin embargo, el municipio carecía de un instrumento normativo que especificara los detalles técnicos para asegurar la correcta implementación de los sistemas.

Es así como inicia el trabajo del desarrollo de las Normas Técnicas de Infraestructura Verde para el Municipio de Torreón, Coahuila como parte de los trabajos de colaboración con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, en específico a través del proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México (CICLIM), que trabaja por encargo del Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU).

El proceso inició con la elaboración del Manual de Infraestructura Verde para Torreón, que busca ofrecer a la sociedad un documento para fácil consulta de la información local necesaria para ejecutar las técnicas a micro y macro escala en su contexto y el fortalecimiento de una red de espacios verdes, por lo tanto, se proponen las siguientes líneas estratégicas.

• Instalación y densificación de áreas verdes.
• Manejo e implementación de corredores biológicos.
• Implementación de técnicas de Infraestructura Verde a micro y macro escala.

El Manual se desarrolla a partir de un escenario local, por lo tanto, va acompañado de un inventario de 63 especies de vegetación nativa para implementarlas en los sistemas micro y macro escala. Dentro de los sistemas de micro escala se incluyen técnicas como: jardín microcuenca, jardín de lluvia, pozo de infiltración, drenaje francés, pavimentos permeables, cisternas, techos verdes y muros verdes. Mientras en macro escala se encuentran presas filtrantes, zanja bordo, reforestación, anti-erosión, ríos y llanuras de inundación, parques naturales, canales urbanos, bosques urbanos y parques hídricos. Cada sistema se integra fichas técnicas con detalles constructivos y representación gráfica.

A partir de la información generada en este manual es que se integran las Normas Técnicas de Infraestructura Verde. Estas consisten en una serie de requisitos que se deben cumplir con los criterios establecidos en cada una de las técnicas y cálculos necesarios, así como la definición de mecanismos de mantenimiento y seguimiento que permitan generar las soluciones a nivel municipal e integrar la red de espacios verdes con visión sistémica en el área urbana.

Es a través de estos instrumentos que se espera dar a conocer los sistemas de Infraestructura verde a la sociedad, lograr la apropiación de los conceptos y el conocimiento de sus múltiples beneficios. De esta manera se podrá asegurar no solo la aplicación de Infraestructura Verde en nuevos proyectos a realizar, si no la implementación en la ciudad construida, dando así solución a las principales problemáticas entorno al cambio climático, a través de una mayor oferta de espacios verdes y, por consiguiente, una mejor calidad de vida.

*Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020[1], en México, el 16.53% de la población tiene algún tipo de discapacidad o limitación, lo que representa a 20,838,108 personas en el territorio. De la población con discapacidad, 35.05% presenta limitación para caminar, subir o bajar; 55.98% presenta limitación para ver aun usando lentes; 20.39% para oír aun usando un aparato auditivo; 8.68% para hablar o comunicarse; 8.83% para bañarse, vestirse o comer; 18.46% para recordar o concentrarse; y 7.6% presenta alguna condición mental.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 [2], unas de las principales barreras enfrentadas por las personas con discapacidad se refieren a calles, instalaciones y transportes inadecuados. Estas barreras pueden ser:

• Físicas. Escaleras, rampas inclinadas o largas, superficies del piso irregulares, obstáculos o elementos que por su altura o tipo de accionamiento no pueden ser utilizados.
• Comunicacionales. Sistemas de información en el espacio público, incluyendo paradas de transporte, poco intuitivos por no tomar en cuenta diferentes canales de comunicación, tales como sistemas de orientación visual, táctil o audible.
• Operacionales. Poco tiempo para el cruce peatonal con semáforo.
• Actitudinales. Uso de términos despectivos.

Este conjunto de barreras en el espacio público ocasiona brechas en la cadena de accesibilidad, la cual busca satisfacer las diversas necesidades de movilidad para lograr que las personas con discapacidad puedan desplazarse libremente y desarrollar sus actividades cotidianas.

A través del Acceso Universal podemos lograr espacios accesibles teniendo como meta el diseño universal, así como con procesos participativos que incluyan a personas con discapacidad durante el diseño de los proyectos del espacio público, atendiendo el lema “nada sobre nosotros sin nosotros” [3]. La perspectiva del diseño universal representa un aporte para materializar la inclusión de todas las personas. Éste plantea que los productos, entornos, programas y servicios deban diseñarse mediante 7 principios [4] para ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.

Este año la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) GmbH, a través del Programa de Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim), dio acompañamiento técnico a proyectos urbanos en diferentes ciudades con un enfoque de cambio climático, donde uno de los ejes es el de Acceso Universal.

Con este tipo de acciones se aporta para lograr el lema de este año 2021 para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible” [5].

*Janett Jiménez, especialista en Acceso Universal

Referencias

[1] https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

[2] https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS2017_08.pdf

[3] http://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Nada-sobre-nosotros-sin-nosotros-Ax.pdf

[4] https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/poster.pdf

[5] https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities

Una vez concluida la 26a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26 CMNUCC) en Glasgow, Escocia, llega el momento de reflexionar, discutir y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y refrendados en la lucha contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

Entre los éxitos de la COP26 se encuentran la creación de fondos de adaptación hasta por 350 millones de dólares, transferencias de 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para el cambio climático y la inclusividad en materia de género, de grupos indígenas y jóvenes. Asimismo, el compromiso de los países en reducir emisiones de CO2 un 45 por ciento para 2030 y la revisión de sus compromisos de reducción en 2022.

Por otra parte, también ha habido opiniones encontradas respecto a los resultados del evento, así como de las actualizaciones y nuevas medidas y acuerdos. Se evidenció que los compromisos de los gobiernos nacionales no son suficientes por lo que fue necesario asumir nuevos compromisos para mantener alcanzable el objetivo de 1.5°C.

Un tema polémico fue el de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles ya que algunos países quieren aprovechar estos combustibles para alcanzar un crecimiento similar al que los países más desarrollados alcanzaron con su uso. Ante esto, en los acuerdos se optó por emplear el término “reducción” sobre “eliminación”.

En el Pacto Climático de Glasgow, resultado de la Cumbre, se pide a los países desarrollados duplicar los fondos para los países en desarrollo con la intención de adaptarse al cambio climático, así como la actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) para 2030. Además, se destaca la necesidad de acción de los gobiernos nacionales para tomar acción en la materia y se promueve el apoyo a más espacios de intercambio en los que se generen metas y compromisos como los de la misma cumbre.

México en la COP26

La agenda de México en la COP26 estuvo centrada en el aumento al financiamiento climático para países en desarrollo, promoción de medidas de adaptación climática a través de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), como el programa Sembrando Vida, e incorporar la perspectiva de género y derechos humanos como temas transversales. Además, el país se mantiene en la meta de reducción de emisiones en 22 por ciento para 2030.

Por otra parte, México se sumó a la declaratoria para para revertir la pérdida de bosques para 2030, mientras que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la negociación de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas.

Presencia subnacional y local

• El “Pronunciamiento de los gobiernos subnacionales de México, en apoyo a la Declaración de Edimburgo y al Marco Global de Diversidad Biológica Posterior a 2020”, contiene un preámbulo, declaraciones y 13 compromisos particulares al contexto mexicano y ha sido signado por los siguientes gobiernos subnacionales: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Toluca, Estado de México.
• Yucatán será beneficiario del gobierno de Reino Unido para implementar proyectos climáticos.
• Se reconoció al Área Metropolitana de Guadalajara con el Premio de la Acción Climática Global por su Plan de Acción Climática, conocido como PACmetro.
• Se reconoció a Monterrey como el primer municipio del país en emitir la declaratoria de emergencia climática.
• Se reconoció que más de 100 ciudades y municipios mexicanos cuentan con un área enfocada en cambio climático y planes de acción climática municipales.
• Se destacaron los inventarios de emisiones en plataformas públicas, como CDP o GCoM, donde se puede conocer qué hacen algunos municipios mexicanos en materia climática y ambiental.

Esto es un ejemplo de cómo los gobiernos subnacionales y locales desempeñan un papel vital en la implementación y logro de los compromisos dentro del marco internacional sobre el cambio climático. En la COP26 estos gobiernos participaron mediante la Circunscripción de Gobiernos Locales y Autoridades Municipales (LGMA), la cual ha representado redes de gobiernos locales y regionales en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde la primera COP, en 1995.

Para dar seguimiento a este tema, ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el estado de Guanajuato y Centro Urbano discutieron sobre papel de las ciudades mexicanas después de la COP26.

Electromovilidad y financiamiento en beneficio del medio ambiente

Sergio Mendoza, Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de Semarnat, reconoció la importancia de las iniciativas de transición de flotas de transporte público, de vehículos de propulsión de combustión interna a motores eléctricos. Además, resaltó que los instrumentos de planeación de territorio, para reducir la brecha de desigualdades derivados del modelo de urbanización actual, se hayan incluido en las conversaciones de la cumbre climática.

En tanto, María Isabel Ortiz, Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del estado de Guanajuato, dijo que los presupuestos deben reflejar el compromiso por la acción climática: finanzas sanas, destinar recursos a la inversión y enfoque en metas no condicionadas. Agregó que para 2025 hay que destinar financiamiento para proyectos concretos, en ciudades que tienen fuentes de emisiones bien identificadas. Y resaltó que este tema de financiamiento medioambiental debe ser atendido por todos, incluido el sector privado.

También destacó el trabajo de la entidad en materia climática, como la actualización de la ley de cambio climático para fortalecer la mitigación y adaptación al cambio climático. En movilidad sustentable, subrayó la apuesta del estado en el tema de la electromovilidad para transitar hacia el uso de energías renovables como fuente energética principal.

Otros puntos que resaltaron en el tema medioambiental fueron los siguientes:

• Las emisiones se generan en territorio y es ahí donde tienen que hacerse los compromisos de combate al cambio climático.
• Debe haber mecanismos de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno: voluntad política gubernamental, marco normativo, presupuesto asociado y fortalecimiento de capacidades.
• Se reconoció la participación de estados en la Cumbre a través de diferentes redes de trabajo, donde participan entidades como Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Nuevo León y Guanajuato.
• Rutas de descarbonización en alianza con el sector privado en Yucatán y Jalisco.
• El compromiso global de reducir el 30 por ciento de las emisiones de metano para 2030, tomando como línea base las emisiones de 2020.
• Soluciones basadas en la economía circular, principalmente en gestión residuos.
• Avance en la implementación de infraestructura verde, de la mano con GIZ México.

Fortalecimiento de capacidades a nivel local

Para Diana Quiroz, Directora de Políticas Públicas de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de Sedatu, las ciudades tienen una gran vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, por lo que deben estar en el centro de la toma de decisiones y se deben fortalecer sus capacidades para lograr cambios a nivel local.

Dijo además que hay que reconocer la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como tema central para el funcionamiento de las ciudades.

Reconoció que, para tener proyectos bancables y acceder a financiamiento, se necesita identificar qué se acciones de mitigación y adaptación se hacen, cuantificar sus impactos y contribuciones, identificar a los actores involucrados e identificar qué se requiere hacer todavía en esta materia.

Por otra parte, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano, dijo que la planeación y regulación urbana no está coordinada entre el gobierno y la iniciativa privada. Destacó que la sinergia entre actores ayudaría a fortalecer las capacidades municipales, daría claridad a los proyectos, ayudaría a acceder a financiamientos y ayudaría a establecer vínculos internacionales para acceder a recursos.

En cuanto a vivienda, dijo que se dejó de producir vivienda social por las condiciones de la planeación urbana. Ante esto, se requieren políticas de vivienda de alto impacto, con alcance social y ambiental, y que se actualicen los instrumentos de vivienda, lo que también ayudaría a hacer frente al cambio climático.

‘No hay justicia social sin sostenibilidad’

Edgar Villaseñor, Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, resumió la conversación con el mensaje de que planear ciudades es atender el cambio climático. Dijo que en los programas municipales de desarrollo urbano se debe fortalecer el tema del cambio climático como un elemento transversal, que se deben considerar los temas de biodiversidad y vivienda e incluir los conceptos de sustentabilidad.

En cuanto al financiamiento, retomó el mensaje de que no se trata de la falta de recursos, sino de construir proyectos bancables y el gobierno debe asumir un papel más activo para diversificar las fuentes de financiamiento.

Mencionó que se espera que los acuerdos de la COP26 se reflejen en la vida del 80 por ciento de los mexicanos que viven en las ciudades.

Por último, Dennis Quennet, director del programa Ciudades y Transporte Sustentable de la GIZ México, cerró con el mensaje de que no hay justicia social sin ciudades sostenibles.