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En México, el proyecto “Protección del Clima en la Política Urbana de México“ (CiClim) (2017-2022) de la Iniciativa Climática Internacional (IKI) contribuyó a una disminución de CO2 a través de la planificación urbana sostenible.

La visión se compuso de tres ejes principales: planificación urbana, movilidad urbana sostenible e integración de servicios ecosistémicos. De esta manera, el proyecto se centró en generar evidencia y lecciones aprendidas a partir de prototipos y casos de implementación, lo que se sistematizó en buenas prácticas y experiencias locales a partir de acciones en territorios hasta el desarrollo de políticas nacionales de desarrollo urbano.

Impactos del cambio climático

México es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático debido a sus características geográficas y condiciones sociales desfavorables; y es a nivel local donde la población se ve directamente afectada por eventos climáticos extremos: lluvias torrenciales, huracanes, altas temperaturas y sequías, que resultan en inundaciones, deslizamientos de tierra, islas de calor e incendios, entre otros.

Para brindar soluciones a estos desafíos, el proyecto trabajó en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con más de nueve ciudades para impulsar estrategias y programas con impacto en su territorio.

Dentro del desarrollo urbano hay dos aspectos principales: la planificación y el diseño urbano. Fueron estos dos caminos principales donde el proyecto centró sus recursos. Su objetivo fue generar espacios para el diálogo y la construcción de una narrativa que demuestre que las ciudades son la clave para la transformación climática.

Las ciudades están llamadas de manera urgente a actuar por el cambio climático. En la perspectiva del proyecto, una ciudad es el lugar donde se promueven ideas innovadoras desde la perspectiva de la planificación urbana sostenible: integración de los servicios ecosistémicos a través de la infraestructura verde; movilidad no motorizada y segura y espacios públicos que promuevan la inclusión de grupos vulnerables.

Junto con sus contrapartes, el proyecto creó conciencia sobre formas innovadoras de «hacer ciudad» en cinco ciudades piloto (León, Morelia, Tlaquepaque, Hermosillo y Mérida) y 3,000 funcionarios públicos fueron capacitados en “Diseño de calles e infraestructura verde“ (2019-2021) e “Introducción a la sustentabilidad urbana“ (2018-2020).

Implementación de acciones de cambio climático

Una vez que se ha logrado la comprensión de los conceptos de desarrollo urbano sostenible, las ciudades (contrapartes) redujeron las emisiones de CO2 a través de la construcción de más de 50 kilómetros de ciclovías (ciclovías emergentes e infraestructura permanente) y con proyectos de espacio público accesible y seguro en más de 20 municipios de México (2020-2021). Además, el proyecto apoyó a contrapartes federales y locales para fortalecer el diseño urbano sostenible, como la ciclovía Tlaquepaque (2019) que permite capturar e infiltrar el agua de lluvia en los acuíferos.

Políticas nacionales sostenibles

Se identificaron lecciones aprendidas para demostrar el éxito de la visión de sostenibilidad. Las contrapartes desarrollaron instrumentos, mecanismos, estándares y directrices en 16 publicaciones técnicas (2018-2022). Los conceptos de sustentabilidad se han integrado como condición previa en los procesos de planeación y permiten calcular la contribución de México en la mitigación y adaptación al cambio climático (informe NDC 2021). Se evaluó una Ley Federal de Movilidad y Seguridad Vial que finalmente entró en vigor en mayo de 2022. La Ley proporciona la base para modos de transporte más eficientes, seguros y sostenibles, desde su planificación hasta su implementación.

Conclusión al final de la duración del proyecto

El proyecto CiClim hizo las cosas de manera diferente: hablar del proyecto significa hablar de compromiso y pasión por querer un país mejor y proteger el clima, pero sobre todo por trabajar juntos en un diálogo de comprensión y escucha entre las contrapartes, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado.

Con este enfoque, el proyecto ha creado buenos ejemplos que motivan a otros gobiernos locales, organizaciones internacionales y otros actores a tomar un camino similar.

El proyecto “Protección del Clima en la Política Urbana de México“ (CiClim) (2017-2022) se implementó a través de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México por encargo del entonces Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), hoy (2023) Ministerio Federal alemán de Economía y Protección del Clima (BMWK).

El “financiamiento local sostenible” es un tema sensible y uno de los factores principales que determina el fracaso o el éxito para la mayoría de los proyectos que desarrollamos en conjunto con los municipios, ya sean iniciativas privadas, públicas o de interés común, como desde la sociedad civil.

Este texto versa sobre la importancia del financiamiento y las diferentes rutas que existen en México. Una de las misiones de la GIZ México es impulsar acciones que los gobiernos locales de México quieren implementar en materia de desarrollo territorial y urbano sustentable, así como encontrar estrategias de sostenibilidad operativa y financiera en el tiempo. En muchas ocasiones, debemos prever su implementación durante 10, 20 o más años, mientras que los proyectos de cooperación rara vez superan los 5 años, lo que supone un reto de independización de los proyectos. Para cualquier acción pública de los gobiernos – siempre – se requieren recursos financieros.

En el país, la administración federal recauda 93 por ciento de los impuestos, y de los impuestos locales, el 62 por ciento de la recaudación se concentra en 50 municipios. La tasa de recaudación de 17.9 por ciento en México está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que se ubica en 21.9 por ciento y por debajo del promedio de los países de la OCDE, en 33.5 por ciento.

Para Carlos Brown, experto en finanzas públicas, hoy por hoy, vivimos una “anomalía fiscal”: en términos de ingresos, México se encuentra en el decimoquinto lugar a nivel mundial, pero en cuanto a la recaudación fiscal se encuentra entre las posiciones más bajas.

Los municipios son los que implementan una serie de políticas territoriales, de infraestructura o de servicios porque son la unidad administrativa más cercana a la ciudadanía. El imbalance recaudatorio representa un problema que tiene diferentes aristas: en primer lugar, muchos municipios dependen de las transferencias federales para operar; en segundo lugar, se desincentiva a los municipios a hacer ejercicios de cobranzas, lo que, en tercer lugar, lleva a un desarrollo desigual cuando no se tributa lo debido. Proyectos de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales y tratamiento y disposición de residuos sólidos suelen estar fuera del alcance de la mayoría de las administraciones.

Opciones de instrumentos de financiamiento para gobiernos locales

En el paisaje financiero hay distintas instituciones cuyo objetivo es facilitar el ahorro y el financiamiento a personas físicas y morales. Con ello se busca ampliar el acceso a instrumentos financieros en áreas productivas prioritarias para fomentar la producción de bienes o servicios que no se resuelven por medio del mercado, como es el caso común de los bienes públicos.

Durante el Encuentro de Ciudades Sostenibles, organizado por la GIZ México en noviembre de 2022, se tuvo una mesa de conversación titulada “Oportunidades de financiamiento para proyectos sustentables en ciudades” en la que participaron Rafael Márquez Mota y Carlos David Roldán Juárez, representantes del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Carlos Brown, del Instituto del Sur, Siddharta Flores,de Nacional Financiera (NAFIN), y Álvaro Lomelí, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Rafael Márquez, experto asesor de financiamientos para municipios de BANOBRAS, compartió que el objetivo de las delegaciones estatales de esta institución es el de dar asesorías y garantizar el acceso a créditos a los municipios para sus proyectos de infraestructura. A pesar de que la banca de desarrollo no asesora los proyectos específicos en lo que a su materia respecta, puede asesorar a municipios para encontrar la mejor opción para financiar un proyecto, ya sea con acreedores comerciales, públicos o privados, y se dan capacitaciones a funcionarios municipales y para organismos operadores.

Además, aquellos proyectos que consideren una agenda inclusiva o verde se consideran dentro de corredores especiales susceptibles a subsidios adicionales. Estos podrán solicitar recursos al Fondo Verde para el Clima y al Fondo “Proyectos Sostenibles” de Nacional Financiera – una institución del Gobierno Federal mexicano. Esta institución tiene un portal donde ofrece una variedad de servicios de atención para asesorar a municipios, pequeñas y medianas empresas.

Para manejar créditos, es decir adquirir deudas de una manera productiva, los gobiernos locales necesitan asegurar ingresos estables en el futuro. Esto significa que los municipios deben y pueden cobrar adeudos de impuestos correspondientes a los grupos productivos que deberían contribuir a las deudas fiscales (en mayor medida) – hoteleros, servicios, industrias, etc. Junto con la asesoría gratuita de estas instituciones financieras del gobierno federal se pueden definir estrategias para recuperar adeudos por pago de predial.

Hay ejemplos de ciudades que avanzado en el cobro de deudas por pagos de predial y para capturar la plusvalía de la cual los propietarios de predios en áreas urbanas en crecimiento se benefician. Se trata de rentas que se retornan de las inversiones que las administraciones locales hacen al espacio público, derivados del proceso de urbanización y de la mejora del equipamiento de la ciudad. Este es un instrumento fiscal que muchas ciudades en el mundo implementan y, de hecho, se ha demostrado que contribuyen a reducir desigualdades sociales, desincentivan la especulación y son utilidades compartidas, ya que esos recursos se pueden invertir en infraestructura o servicios que aumentan el valor del suelo, de manera que se obtiene un círculo virtuoso.

La SEDATU publicó el Manual de Instrumentos para el Financiamiento de la Ciudad en el que se esclarecen los aspectos económicos, legales y pragmáticos relacionado a los instrumentos y gobernanza. Algunos ejemplos de la implementación exitosa de estos instrumentos son Zapopan, municipio que recaudó alrededor de 250 millones de pesos entre 2015 y 2018, y Puerto Vallarta, que recaudó 130 millones de pesos, al implementar estos instrumentos en 2021.

Durante la sesión se dijo que para desempeñar la acción pública orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y con la posibilidad de revertir las desigualdades, los municipios tienen a la mano diversas herramientas para posibilitar el financiamiento local, tanto autónomo como a través de la federación y sus diferentes fondos y subsidios para entidades federales.  Como apuntó Carlos Brown, la autonomía económica es autonomía política, es decir que lo que se quiere hacer no se parece a lo que se puede hacer. Dicho de otra manera, es uno de los principales factores que determinan el éxito o el fracaso de los proyectos de interés público.

Participación ciudadana, ingrediente clave para proyectos sostenibles

Finalmente, si los proyectos municipales cuentan con el apoyo de la sociedad, no sólo será un proceso más democrático, sino que también será posible mantenerlo en el tiempo. Las consecuencias que se desprenden de las crisis ambientales obligan a la participación social porque los efectos son directos sobre las personas.

Para que la ciudadanía se apropie de los proyectos, por un lado, se requieren mecanismos formales de participación ciudadana, y por el otro, se deben comunicar a tiempo y de manera correcta las acciones de inversión -una pedagogía integral. Un ejemplo en otros países en América Latina son las Veedurías Ciudadanas, que son organizaciones civiles que se dedican a la vigilancia del correcto uso de los recursos.

Para conocer más sobre el tema, recomendamos el episodio “Financiamiento municipal para ciudades costeras sustentables” de nuestro pódcast “Ciudades y Transporte Sustentable”.

En México, la carga transportada por autotransporte es un indicador clave de la actividad económica y es útil para medir la eficiencia de la economía del país. En 2020, más de la mitad de la carga nacional se distribuyó por medio del autotransporte de carga. En el mismo año, el autotransporte de carga aportó el 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y dio empleo a casi un millón de personas.

Los más de un millón de vehículos de transporte de carga (con un promedio de antigüedad de las unidades de más de 19 años), en más de 190,000 empresas registradas en 2021, tienen un impacto ambiental significativo. Según un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) más del 25 por ciento de las emisiones de los gases de efecto invernadero y más del 76 por ciento de las emisiones de carbono negro en el sector del autotransporte están relacionados con el autotransporte de carga. Por ello es relevante tomar acciones y capacitar a las personas relacionadas con el transporte de carga para disminuir los aportes de emisiones de este sector.

La capacitación e implementación de medidas de mitigación en este sector representa un reto debido a que el 97 por ciento son micro y pequeñas empresas que concentran más de la mitad de los vehículos de transporte de carga en el país.

Las circunstancias financieras (no contar con capital o acceso a crédito), administrativas (poca disponibilidad de tiempo y recursos humanos) y educativas (carencias de competencias básicas) obstaculizan la búsqueda e inscripción a los servicios de capacitación. Tanto el desconocimiento de beneficios de mejores prácticas y nuevas tecnologías como la falta de programas de incentivos y seguimiento para la mejora continua de personal impiden avanzar con la profesionalización de empresas transportistas.

A continuación presentamos las iniciativas de profesionalización que la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, que trabaja por encargo del Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ por sus siglas en alemán) a través del Programa Transporte Sustentable (PTS), ha impulsado en colaboración con actores públicos y privados y que promueven un sector del autotransporte de carga amigable con el medio ambiente y más competitivo.

EducaT: Vinculación entre demanda y oferta

EducaT es una plataforma en línea operada por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) que brinda información sistematizada sobre capacitaciones disponibles vinculando empresas transportistas con organizaciones especializadas en formación.

Hasta la fecha, se han publicado 120 cursos de 24 organizaciones y casi 500 usuarios (14 por ciento son mujeres) están registrados en la plataforma.

Mejora de la oferta y análisis de cobeneficios

Para cumplir la brecha entre demanda y oferta, en colaboración con especialistas nacionales e internacionales se elaboraron programas adicionales a las ofertas de cursos existentes. En la etapa piloto, más de 100 empresas transportistas de diferentes tipos y tamaños fueron capacitadas de forma gratuita y se brindó un servicio de seguimiento personalizado para la mejora continua y el monitoreo de impactos.

• a) Programa integral en eficiencia energética en el autotransporte de carga

Se brindó un programa dirigido en particular a Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) que incluyó capacitaciones para mandos medios en gestión de flota, operadores en conducción técnico-económica y seguimiento para el control de combustible. En los cursos prácticos se demostró un ahorro de combustible de hasta 25 por ciento gracias a cambios en conductas de manejo.

• b) Gestión, monitoreo y planes de mejora para operaciones logísticas

En colaboración con la organización no gubernamental holandesa Smart Freight Centre (SFC), más de 50 empresas transportistas en México recibieron apoyo para conocer la metodología GLEC (Global Logistics Emissions Council), que calcula todos los gases de efecto invernadero que se emiten a lo largo de la cadena de suministro multimodal. Con ello se busca fortalecer las capacidades de las empresas, para que de manera interna midan su impacto ambiental y definan acciones para la reducción de ese impacto.

En el marco de este proyecto, de la mano de las especialistas de SFC, algunas empresas participantes también desarrollaron planes de mejora continua para lograr sus objetivos hacia la sustentabilidad. En dichos documentos se definieron medidas cuya implementación les permitió tener ahorros de combustible por tonelada-kilómetro recorrido de hasta el 4.5 por ciento.

Además, en colaboración con el North American Council for Freight Efficiency (NACFE), GIZ México apoyó en una serie de seminarios virtuales sobre mejoras tecnológicas (grabaciones disponibles: [1] ralentí, [2] llantas y sistema de inflado y [3] telemetría) y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) trabajó en la elaboración del material que forma parte en el diplomado del Distintivo CANACAR sobre eficiencia energética en el autotransporte (hasta la fecha 129 personas pertenecientes a 44 empresas concluyeron el diplomado).

Por otra parte, la capacitación a capacitadores es un elemento clave para luego transmitir el conocimiento a la nueva generación de profesionales. Por ello, en colaboración con los institutos españoles Zaragoza Logistics Center e ITAINNOVA se capacitó a 32 profesores y docentes (19 hombres y 13 mujeres) en las últimas tendencias sustentables e inteligentes en la logística.

Como parte de las actividades finales, las y los docentes elaboraron currículums formativos incorporando temas y herramientas del curso. Como resultado, en 2022 al menos una de las propuestas había sido aprobada como contenido de una maestría en ciencias de ingeniería en una institución educativa.

Estas iniciativas han demostrado el interés y los beneficios de capacitarse y establecer programas de mejora continua para las empresas transportistas. Implementar estrategias de profesionalización al personal constituye un gran potencial para toda la industria hacia un futuro sustentable y competitivo.

Alrededor de 108 millones de personas en México viven en ciudades, lo que representa más del 80 por ciento de la población total. San José del Cabo, en el sur del estado de Baja California Sur, es una de las ciudades de más rápido crecimiento en México.

Su infraestructura urbana se concentra casi exclusivamente en complejos hoteleros y otras zonas turísticas de la franja costera. Sin embargo, faltan espacios públicos verdes y multifuncionales para los habitantes de la ciudad. Hacen falta espacios, por ejemplo, que ayuden a regular la temperatura y bajar el riesgo de inundaciones en la temporada de huracanes, así como lugares seguros, e inclusivos de encuentro y convivencia.

Aquí es donde la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable) coopera con el Ayuntamiento de Los Cabos y socios locales de la sociedad civil para mejorar la resiliencia de un barrio en Colinas de San José, con el objetivo que sus habitantes vivan en un entorno más sano.

Este trabajo consiste en el diseño y la creación de un parque modelo que se adapte a las condiciones climáticas locales a través de soluciones basadas en la naturaleza y que se convierta al mismo tiempo en un lugar de multiusos y bienestar comunitario. La iniciativa nombrada Nuestro barrio resiliente es uno de cuatro proyectos ganadores de la convocatoria internacional “Cities Challenge 2.0”, que busca contribuir a tener barrios más resilientes, habitables, sanos y adaptados al cambio climático en México, Sudáfrica, India y Bangladesh. La iniciativa en el Parque Hundido Pedro Sánchez en Los Cabos inició en octubre de 2021 y terminará en marzo de 2023.

En la ciudad de San José del Cabo, los residentes de Colinas de San José diseñaron y rehabilitaron su parque público en el marco de la convocatoria “Cities Challenge 2.0”, con el objetivo de contribuir a tener ciudades sanas y habitables para todas las personas. Foto: GIZ México

Participación ciudadana en la rehabilitación del parque

En la iniciativa Nuestro barrio resiliente, los deseos y necesidades de la población local desempeñan un papel clave a lo largo del proyecto. Las organizaciones Niparajá, Urbanería y EPI integraron a las y los vecinos en todas las actividades que se llevaron a cabo en el parque, desde la propuesta de diseño hasta los talleres participativos que se realizaron para transformar el espacio de manera conjunta. Los talleres se enfocaron en infraestructura verde y reforestación, arte urbano y urbanismo táctico, así como mobiliario urbano como áreas de descanso y bancas de picnic.

Además, las organizaciones ASA y Philanthropiece implementaron talleres de educación financiera y de primeros auxilios con varias escuelas cercanas, los y las vecinas del parque y otra colonia de Los Cabos.

“Esto es importante para mí, porque me interesa repetir este tipo de ejercicios. Vengo seguido a este parque y por esto me interesa que esté bonito y que mi comunidad tenga espacios dignos”.

Beatriz González, vecina del Parque Hundido Pedro Sánchez

Transformación en un espacio verde, seguro e inclusivo

Y así se transformó el espacio: se plantaron más de 300 plantas de vegetación nativa, se crearon 3 módulos de descanso, una parada de transporte público, 8 cuencas y un pozo de absorción para recoger y almacenar el agua de lluvia, se pintaron 3 murales y se creó un jardín botánico. Casi 200 residentes de la ciudad se han ofrecido como voluntarios para ayudar.

Gracias a las cuencas y el pozo de absorción disminuye el riesgo de inundaciones, mientras que el agua de lluvia queda disponible durante más tiempo para las plantas del parque. Los cruces peatonales, la parada de camión, una rampa de acceso y las áreas de descanso contribuyen a un espacio más habitable y seguro para los habitantes de las zonas aledañas.

“Es muy importante mejorar los espacios en general, reforestando con flora nativa, porque es una zona árida, así que tenemos que hacer uso de recursos hídricos que son valiosos en esta parte del estado. Me parece una obra importante y necesaria para este tipo de espacios”.

Giovanni Labastida, vecino del parque

Otros de los resultados de esta iniciativa fue la creación del comité vecinal a través del cual las y los vecinos están organizados y tienen canales de comunicación directos con el Ayuntamiento. Durante varios talleres de mantenimiento, se acordaron roles y responsabilidades entre los habitantes y el Ayuntamiento para mantener el parque. De manera adicional, los vecinos comentan que aumentó la percepción de seguridad en el parque y hay más interacción y comunicación entre sus visitantes, incluso se han formado nuevas amistades y relaciones.

Estos resultados fueron posibles con la gestión y el apoyo del Ayuntamiento, que estuvo involucrado a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Los Cabos como enlace, y 9 áreas y direcciones que aportaron al éxito de la iniciativa, como la Dirección de Servicios Públicos.

Este esfuerzo colaborativo fue reconocido durante el Congreso Mundial de Parques Urbanos en Monterrey en noviembre 2022, durante el cual la iniciativa recibió el primer lugar otorgado por la Asociación Nacional de Parques y Recreación (ANPR), en la categoría salud y bienestar.

Al igual que en San José del Cabo, el proyecto “Desarrollo sustentable de regiones costeras urbanas mediante la integración de servicios ecosistémicos y biodiversidad” (BIOCITIS), de la GIZ México, también desarrolla medidas en otras regiones costeras mexicanas que protejan los ecosistemas de las ciudades y las hagan más habitables al mismo tiempo. En total, el proyecto contribuirá al mejor manejo de 30,000 hectáreas de ecosistemas y espacios públicos desde ahora y hasta 2024, siempre en estrecha colaboración con la población local para tener en cuenta sus necesidades e ideas.

La iniciativa “Nuestro barrio resiliente” integra elementos de reforestación e infraestructura verde, mobiliario urbano, urbanismo táctico, así como capacitación en primeros auxilios y temas financieros. Foto: GIZ México