Una vez concluida la 26a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26 CMNUCC) en Glasgow, Escocia, llega el momento de reflexionar, discutir y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y refrendados en la lucha contra los efectos del cambio climático y el calentamiento global.

Entre los éxitos de la COP26 se encuentran la creación de fondos de adaptación hasta por 350 millones de dólares, transferencias de 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para el cambio climático y la inclusividad en materia de género, de grupos indígenas y jóvenes. Asimismo, el compromiso de los países en reducir emisiones de CO2 un 45 por ciento para 2030 y la revisión de sus compromisos de reducción en 2022.

Por otra parte, también ha habido opiniones encontradas respecto a los resultados del evento, así como de las actualizaciones y nuevas medidas y acuerdos. Se evidenció que los compromisos de los gobiernos nacionales no son suficientes por lo que fue necesario asumir nuevos compromisos para mantener alcanzable el objetivo de 1.5°C.

Un tema polémico fue el de la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles ya que algunos países quieren aprovechar estos combustibles para alcanzar un crecimiento similar al que los países más desarrollados alcanzaron con su uso. Ante esto, en los acuerdos se optó por emplear el término “reducción” sobre “eliminación”.

En el Pacto Climático de Glasgow, resultado de la Cumbre, se pide a los países desarrollados duplicar los fondos para los países en desarrollo con la intención de adaptarse al cambio climático, así como la actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) para 2030. Además, se destaca la necesidad de acción de los gobiernos nacionales para tomar acción en la materia y se promueve el apoyo a más espacios de intercambio en los que se generen metas y compromisos como los de la misma cumbre.

México en la COP26

La agenda de México en la COP26 estuvo centrada en el aumento al financiamiento climático para países en desarrollo, promoción de medidas de adaptación climática a través de la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), como el programa Sembrando Vida, e incorporar la perspectiva de género y derechos humanos como temas transversales. Además, el país se mantiene en la meta de reducción de emisiones en 22 por ciento para 2030.

Por otra parte, México se sumó a la declaratoria para para revertir la pérdida de bosques para 2030, mientras que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó en la negociación de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas.

Presencia subnacional y local

• El “Pronunciamiento de los gobiernos subnacionales de México, en apoyo a la Declaración de Edimburgo y al Marco Global de Diversidad Biológica Posterior a 2020”, contiene un preámbulo, declaraciones y 13 compromisos particulares al contexto mexicano y ha sido signado por los siguientes gobiernos subnacionales: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Toluca, Estado de México.
• Yucatán será beneficiario del gobierno de Reino Unido para implementar proyectos climáticos.
• Se reconoció al Área Metropolitana de Guadalajara con el Premio de la Acción Climática Global por su Plan de Acción Climática, conocido como PACmetro.
• Se reconoció a Monterrey como el primer municipio del país en emitir la declaratoria de emergencia climática.
• Se reconoció que más de 100 ciudades y municipios mexicanos cuentan con un área enfocada en cambio climático y planes de acción climática municipales.
• Se destacaron los inventarios de emisiones en plataformas públicas, como CDP o GCoM, donde se puede conocer qué hacen algunos municipios mexicanos en materia climática y ambiental.

Esto es un ejemplo de cómo los gobiernos subnacionales y locales desempeñan un papel vital en la implementación y logro de los compromisos dentro del marco internacional sobre el cambio climático. En la COP26 estos gobiernos participaron mediante la Circunscripción de Gobiernos Locales y Autoridades Municipales (LGMA), la cual ha representado redes de gobiernos locales y regionales en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde la primera COP, en 1995.

Para dar seguimiento a este tema, ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el estado de Guanajuato y Centro Urbano discutieron sobre papel de las ciudades mexicanas después de la COP26.

Electromovilidad y financiamiento en beneficio del medio ambiente

Sergio Mendoza, Director General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de Semarnat, reconoció la importancia de las iniciativas de transición de flotas de transporte público, de vehículos de propulsión de combustión interna a motores eléctricos. Además, resaltó que los instrumentos de planeación de territorio, para reducir la brecha de desigualdades derivados del modelo de urbanización actual, se hayan incluido en las conversaciones de la cumbre climática.

En tanto, María Isabel Ortiz, Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del estado de Guanajuato, dijo que los presupuestos deben reflejar el compromiso por la acción climática: finanzas sanas, destinar recursos a la inversión y enfoque en metas no condicionadas. Agregó que para 2025 hay que destinar financiamiento para proyectos concretos, en ciudades que tienen fuentes de emisiones bien identificadas. Y resaltó que este tema de financiamiento medioambiental debe ser atendido por todos, incluido el sector privado.

También destacó el trabajo de la entidad en materia climática, como la actualización de la ley de cambio climático para fortalecer la mitigación y adaptación al cambio climático. En movilidad sustentable, subrayó la apuesta del estado en el tema de la electromovilidad para transitar hacia el uso de energías renovables como fuente energética principal.

Otros puntos que resaltaron en el tema medioambiental fueron los siguientes:

• Las emisiones se generan en territorio y es ahí donde tienen que hacerse los compromisos de combate al cambio climático.
• Debe haber mecanismos de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno: voluntad política gubernamental, marco normativo, presupuesto asociado y fortalecimiento de capacidades.
• Se reconoció la participación de estados en la Cumbre a través de diferentes redes de trabajo, donde participan entidades como Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Nuevo León y Guanajuato.
• Rutas de descarbonización en alianza con el sector privado en Yucatán y Jalisco.
• El compromiso global de reducir el 30 por ciento de las emisiones de metano para 2030, tomando como línea base las emisiones de 2020.
• Soluciones basadas en la economía circular, principalmente en gestión residuos.
• Avance en la implementación de infraestructura verde, de la mano con GIZ México.

Fortalecimiento de capacidades a nivel local

Para Diana Quiroz, Directora de Políticas Públicas de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de Sedatu, las ciudades tienen una gran vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, por lo que deben estar en el centro de la toma de decisiones y se deben fortalecer sus capacidades para lograr cambios a nivel local.

Dijo además que hay que reconocer la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como tema central para el funcionamiento de las ciudades.

Reconoció que, para tener proyectos bancables y acceder a financiamiento, se necesita identificar qué se acciones de mitigación y adaptación se hacen, cuantificar sus impactos y contribuciones, identificar a los actores involucrados e identificar qué se requiere hacer todavía en esta materia.

Por otra parte, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano, dijo que la planeación y regulación urbana no está coordinada entre el gobierno y la iniciativa privada. Destacó que la sinergia entre actores ayudaría a fortalecer las capacidades municipales, daría claridad a los proyectos, ayudaría a acceder a financiamientos y ayudaría a establecer vínculos internacionales para acceder a recursos.

En cuanto a vivienda, dijo que se dejó de producir vivienda social por las condiciones de la planeación urbana. Ante esto, se requieren políticas de vivienda de alto impacto, con alcance social y ambiental, y que se actualicen los instrumentos de vivienda, lo que también ayudaría a hacer frente al cambio climático.

‘No hay justicia social sin sostenibilidad’

Edgar Villaseñor, Secretario Regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI, resumió la conversación con el mensaje de que planear ciudades es atender el cambio climático. Dijo que en los programas municipales de desarrollo urbano se debe fortalecer el tema del cambio climático como un elemento transversal, que se deben considerar los temas de biodiversidad y vivienda e incluir los conceptos de sustentabilidad.

En cuanto al financiamiento, retomó el mensaje de que no se trata de la falta de recursos, sino de construir proyectos bancables y el gobierno debe asumir un papel más activo para diversificar las fuentes de financiamiento.

Mencionó que se espera que los acuerdos de la COP26 se reflejen en la vida del 80 por ciento de los mexicanos que viven en las ciudades.

Por último, Dennis Quennet, director del programa Ciudades y Transporte Sustentable de la GIZ México, cerró con el mensaje de que no hay justicia social sin ciudades sostenibles.